Una fuerte explosión terminó con la calma de la mañana en la zona alta de la ciudad.

Una fuerte detonación que se produjo entre el Club Midgistas y la estación de servicio YPF generó temor y preocupación pasadas las 8:30.

Algunos pensaron que podría ser la base Espora, otros un camión de la playa de estacionamiento, hasta que efectivos de la Policía, Bomberos y personal de Defensa Civil lograron determinar su origen.

En el descampado y basural ubicado en El Boyero, Fournier y Jorge Newbery se encontraron una gran cantidad de señales detonadoras del ferrocarril que explotaron a partir de un incendio.

Se trata del mismo tipo de artefacto que lastimó a dos hermanitos semanas atrás, que tiene forma de sombrerito.

El “petardo de vía” es un dispositivo de seguridad que se ubica en las vías del tren para alertar al maquinista de que hay un peligro inminnente, que puede ser un tren detenido, una obstrucción o malas condiciones de visibilidad.

Es una alerta auditiva: al pasar el tren, explota y el maquinista entiende que debe frenar de forma inmediata.

Esta señal de advertencia consiste en una pequeña cantidad de pólvora dentro de una cápsula metálica, que se coloca con una abrazadera sobre el riel.

Pocos días antes del Día Internacional de la Mujer, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió un comunicado sobre la situación en Argentina.

El informe, difundido el 23 de febrero del presente año en Ginebra, reconoce algunos avances en la implementación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero también plantea varios preocupaciones y propone recomendaciones sobre distintas políticas públicas.

Uno de los puntos señalados por el organismo internacional tiene que ver con el acceso a la justicia. El Comité advirtió que al disolverse 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y pasar a ser servicios remotos, se redujo en gran medida la cobertura territorial, afectando principalmente a mujeres de zonas rurales, en situación de pobreza o con discapacidad, que pueden estar sufriendo problemas de violencia de género.

En ese sentido, el CEDAW le reclamó al Estado argentino a garantizar un acceso efectivo, asequible y físicamente alcanzable a la justicia para todas las mujeres.

Entre las recomendaciones emitidas, pidió restablecer y fortalecer la presencia local, el personal y la financiación de los Centros de Acceso a la Justicia y otros mecanismos de asistencia jurídica.

También señaló que los servicios remotos deberían complementar y no reemplazar la atención presencial, sobre todo en áreas rurales y comunidades vulnerables.

A su vez, el Comité expresó preocupación por la reducción de recursos destinados a las políticas contra la violencia de género. Según el informe, se registró una disminución significativa en el presupuesto y la capacidad operativa de mecanismos clave de protección.

Entre los ejemplos mencionados figura la modificación del Programa Acompañar, que redujo la duración de las prestaciones e incorporó nuevos requisitos para acceder al beneficio. Además, el organismo señaló una baja en la financiación, el personal y la accesibilidad de la línea de asistencia 144, incluida la eliminación de servicios especializados para mujeres con discapacidad.

Frente a esta situación, la entidad recomendó al Estado argentino restablecer y garantizar una financiación adecuada, sostenida y transparente para estos programas.

Las conclusiones del organismo forman parte del proceso periódico por el cual el CEDAW evalúa el cumplimiento de la convención por parte de los Estados firmantes. El documento completo se encuentra disponible en la página oficial de la sesión.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, datos del INDEC muestran que en Argentina una de cada cuatro mujeres ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, lo que evidencia las persistentes desigualdades de género en el mercado laboral.

De acuerdo con el informe estadístico, el 27,2 % de las mujeres con empleo no está registrado, una proporción superior a la de los varones, donde la informalidad alcanza al 22,7 %. Esto implica que más trabajadoras carecen de derechos laborales básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud o estabilidad laboral.

Además, el estudio muestra que la participación femenina en el mercado laboral sigue siendo menor. En la franja de 30 a 64 años, la tasa de empleo de las mujeres llega al 66,4 %, mientras que entre los varones alcanza el 87,9 %, lo que refleja una brecha significativa en las oportunidades laborales.

Paradójicamente, las mujeres presentan mayores niveles de formación educativa. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 49,1 % de las mujeres continúa estudiando, frente al 43,4 % de los varones.

Asimismo, el 35,7 % de las mujeres de 25 años o más accedió a estudios superiores (completos o incompletos), mientras que en los varones esa cifra es del 27,7%.

Pese a este mayor nivel educativo, las trabajadoras siguen concentrándose en sectores históricamente feminizados y con menores ingresos. Entre ellos se destacan el servicio doméstico, donde representan el 96,9 % de las personas ocupadas, además de áreas como educación y salud.

La desigualdad también se observa en los puestos jerárquicos: solo el 4,6 % de las mujeres ocupadas accede a cargos de dirección o jefatura, casi la mitad que los varones, cuya participación en esos roles llega al 8,5 %.