El gobierno nacional logró validar en la justicia su proyecto de hacer modificaciones en el sistema de Verificación Técnica Vehicular.

Puntualmente busca cambios en los plazos de control y en los lugares habilitados para realizar la revisión.

Sin embargo, esta medida no va a impactar directamente em Bahía ya que la Provincia de Buenos Aires primeramente debería adherir a la reforma que acaba de ser oficializada mediante el Decreto 139/2026.

Qué cambios habrá:

Autos 0 km: la primera verificación se realizaría recién a los 5 años desde el patentamiento.

Vehículos entre 5 y 10 años: deberían hacer la revisión cada dos años.

Más de 10 años: continuarán con controles anuales.

Además, la reforma busca desregular el sistema, permitiendo que concesionarias y talleres privados habilitados puedan realizar la verificación, lo que ampliaría la oferta de lugares donde hacer el trámite.

Los valores en la ciudad:

• Autos (hasta 2.500 kg): $97.057,65
• Motos: $38.801,03
• Vehículos pesados: $174.604,64
• Remolques y acoplados livianos: $58.201,54
• Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

Proponen eliminar la VTV: en cuánto inciden las deficiencias del vehículo en los accidentes

Antonella Huilipán fue amputada de una pierna tras las heridas sufridas en el derrumbe de Bahiense del Norte, el 16 de diciembre del 2023. En ese mismo hecho perdió la vida su marido, Bryan Ortega.

Si bien llevaba una buena recuperación y había conseguido una prótesis, tuvo distintas complicaciones por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y comenzar nuevamente.

En ese proceso, debió hacer una campaña para conseguir fondos para comprar una nueva prótesis y poder volver a caminar.

Gracias a la colaboración de la gente, lleva reunidos $ 3.200.000 y solo le faltan $ 650.000 para poder adquirirla.

“Me operaron en octubre, aproximadamente los primeros días, por un neuroma que tenía que me generaba dolor y descargas constantes en el muñón, lo que impedía el uso de la prótesis. Después de 30 días en reposo y obviamente haciendo rehabilitación estoy lista para volver a usarla, pero mi muñón al cambiar la forma y el volumen, mi cono anterior de la prótesis no me sirve”, explicó.

En ese marco, Antonella señaló que “por más mínima que sea la ayuda, a mí me sirve, porque bueno, tengo también un plazo de 14 días para juntar aunque sea el 60 % y que no aumente el presupuesto.

Por otro lado, comsultada por la falta de obra social, explicó “he ido varias veces a Anses y me dicen que en este momento no están dando pensiones por discapacidad. Y por el tema de mi marido, al no tener concubinato y no haber estado casados legalmente, obviamente no me puedo pensionar con su recibo de sueldo. Tengo pensionadas solo a las nenas.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias “todospor.anto”, a nombre de Evelyn Yamila Antonella Huilipán.

Falleció Humberto Luis Fortunato Adalberti, el médico militar condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Bahía.

Su nombre estuvo ligado al funcionamiento del centro clandestino de detención y tortura conocido como “La Escuelita”, uno de los principales dispositivos represivos que operó bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército.

Adalberti fue uno de los imputados y posteriormente condenado en la Megacausa Zona V, un proceso judicial que investigó secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridas en la región durante el terrorismo de Estado. En ese juicio recibió una pena de 18 años de prisión por su participación.

Durante los años de la dictadura, Adalberti se desempeñó como capitán médico del Ejército en el Hospital de Evacuación 181. Según la acusación fiscal, acudía a “La Escuelita” junto a personal de sanidad para brindar asistencia médica a los detenidos ilegales.

La investigación judicial sostuvo que esa intervención no era neutral: la atención sanitaria permitía mantener con vida a las víctimas tras las sesiones de tortura, prolongando su cautiverio mientras los represores decidían su destino.

En la causa se lo consideró partícipe de privaciones ilegales de la libertad, homicidios y otros delitos, en un expediente que incluyó decenas de víctimas vinculadas al accionar represivo en Bahía y la región.

A lo largo del proceso judicial, rechazó las imputaciones en su contra. En distintas declaraciones sostuvo que nunca había concurrido al centro clandestino y que su trabajo se limitaba a la atención médica dentro del ámbito militar.

Sin embargo, testimonios de sobrevivientes y otras pruebas reunidas durante el juicio lo ubicaron dentro del esquema de funcionamiento del lugar, lo que derivó en su condena en el marco de la megacausa.