A través del decreto 137/2026, se promulgó la Ley de Reforma Laboral, N°27.802, por lo que a partir de hoy ya está funcionando.

La normativa había sido sancionada previamente por el Honorable Congreso de la Nación el pasado 27 de febrero.

Los puntos más importantes

Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Indemnizaciones por despido: la ley mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

Además, la ley establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): el fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%.

Respecto a los salarios, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual. Asimismo, se estableció que el pago deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.

Convenios colectivos: los acuerdos firmados dentro de una empresa o en una región podrán tener prioridad sobre los convenios colectivos de toda una actividad.

También cambia la llamada “ultraactividad”. Antes, cuando un convenio vencía, sus condiciones seguían vigentes automáticamente hasta que se firmara uno nuevo. Con la reforma, esa continuidad se debilita, por lo que algunas condiciones podrían dejar de aplicarse si el convenio no se renueva.

Por último, se mantiene la cuota solidaria sindical, que es un aporte que pagan algunos trabajadores aunque no estén afiliados al sindicato. Ese descuento seguirá haciéndolo el empleador, pero ahora tendrá un límite máximo del 2% del salario mensual.

Trabajadores de plataforma: establece que las personas que manejan o hacen repartos a través de estas plataformas son trabajadores independientes, no empleados de las empresas. Por eso pueden decidir cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y si aceptan o no cada viaje o pedido.

Al mismo tiempo, la norma fija algunas obligaciones: los repartidores o conductores deben estar inscriptos y pagar sus propios impuestos y aportes, mientras que las plataformas deben brindar información clara sobre los viajes o entregas, permitir la libertad de conexión y ofrecer canales de atención para resolver problemas. También se establece que las propinas son totalmente para el trabajador.

Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

Este domingo, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer.

Por ese motivo, el lunes se van a hacer las habituales marchas en distintos puntos del país.

En Bahía, la acción está prevista para las 18 horas en la Plaza Rivadavia, donde se van a concentrar agrupaciones feministas, organizaciones sociales y políticas, y particulares.

La convocatoria se enfoca en darle entidad a las denuncias contra los femicidios, así como el rechazo a los discursos de odio y a la pérdida de derechos.

Según denuncian desde distintas entidades, se vive en Argentina un contexto profundamente regresivo para las mujeres y diversidades.

Advierten que el gobierno nacional nos las declaró como enemigas y que se implementaron políticas que agreden los reclamos históricos del movimiento, empezando por el desmantelamiento de todas las políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia por razones de género, de políticas públicas que intentaban achicar brechas salariales y fomentar la autonomía económica, y la implementación de un ajuste criminal que redunda en que muchas mujeres tengan que tomar muchos más trabajos o extender la jornada laboral.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que a partir del ciclo lectivo 2027  la educación inicial para niños y niñas de 3 años será obligatoria. La medida fue establecida a través del decreto 158/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof.

El objetivo es garantizar que todos los chicos de esa edad puedan acceder al jardín, asegurando igualdad de oportunidades, calidad educativa y cobertura en todo el territorio provincial.

Para lograrlo, la Dirección General de Cultura y Educación deberá analizar la oferta educativa actual y la proyección de población en cada distrito. Además, se dará prioridad a las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica, donde el acceso al nivel inicial suele ser más limitado.

El decreto también establece que los cargos docentes y recursos necesarios para avanzar con esta política serán cubiertos con el presupuesto educativo provincial de 2026 y deberán incorporarse de forma permanente en las leyes de presupuesto a partir de 2027.

De esta manera, la Provincia busca ampliar el acceso a la educación temprana y avanzar hacia que todos los chicos de 3 años tengan un lugar en el sistema educativo.

En Argentina, la sala de 5 es obligatoria desde 1993, y la de 4 desde el 2014. Sin embargo, un estudio del 2022 reveló que la asistencia a la sala de 3 es sólo del 42,3%.