La Ley 26.862 garantiza en Argentina el acceso a tratamientos de reproducción asistida para todas las personas mayores de edad, sin distinción por orientación sexual, estado civil o tipo de familia. Sin embargo, especialistas advierten que en la práctica todavía hay obstáculos vinculados a la cobertura y al acceso efectivo a las prestaciones.

El equipo Origen Psicología Reproductiva, integrado por Pamela Rossi, Romina Bonomi y Marina Alberto, explicaron cómo el sistema judicial interviene en los tratamientos de fertilidad.

“Las personas tienen derecho a acceder a estos procedimientos dentro del sistema de salud, y deben ser cubiertos por las obras sociales, prepagas o los organismos de salud pública”, señalaron. La normativa contempla tratamientos de baja y alta complejidad, medicación y estudios diagnósticos.

Sin embargo, indicaron que la aplicación de la ley presenta diferencias entre instituciones. Entre los problemas más frecuentes mencionaron demoras en autorizaciones, tiempos de espera, límites en la cantidad de intentos y criterios distintos según cada cobertura.

Las dificultades más frecuentes

Según explicaron, las mayores complicaciones suelen aparecer en torno a la criopreservación y la donación de gametos. Entre los inconvenientes señalaron restricciones para tratamientos con gametos donados, límites en la cobertura de almacenamiento de óvulos o embriones y demoras administrativas.

Estas situaciones, sostuvieron, pueden retrasar el inicio o la continuidad de los tratamientos y generar incertidumbre en quienes buscan acceder a ellos.

Por ese motivo, remarcaron que muchas personas terminan recurriendo a amparos judiciales para garantizar prestaciones que deberían estar incluidas dentro del sistema de salud.

La situación de la gestación por sustitución

Las especialistas señalaron además que uno de los puntos más complejos es la subrogación de vientre o gestación por sustitución.

Si bien la legislación reconoce el derecho a formar familia más allá de los modelos tradicionales, indicaron que existe un vacío legal porque no hay una ley específica que regule esta práctica.

Actualmente, estos casos suelen resolverse de manera individual a través de la vía judicial, una situación que genera incertidumbre tanto legal como emocional y que suma dificultades administrativas para quienes buscan acceder a esa posibilidad.

Este sábado 23 de mayo, la Cámara de Comercio decidió organizar otra edición de “La Noche del Centro” para festejar la fecha patria del lunes 25.

Desde las 15.30 hasta las 20 horas, se va a semipeatonalizar O’higgins/Alsina, desde Brown hasta Dorrego y, la mayoría de los locales se van a adherir a la propuesta con descuentos y promociones para el público.

Además, la organización que nuclea a los comerciantes anticipó que van a contar con la presencia de grupos y peñas folklóricas y el batallón del Ejército dando chocolate caliente.

Esta iniciativa se realiza para impulsar y fomentar el consumo en los comercios de la ciudad, en un contexto difícil en el que varios locales están cerrando o vendiendo el fondo de comercio.

El gobierno nacional retomó su idea de modificar el régimen de Zona Fría, un beneficio en la tarifa del gas que tienen, entre otros, los usuarios bahienses.

Desde el 2021, unos 90 municipios de la Provincia quedaron comprendidos dentro de ese sector que tiene bajas temperaturas y por lo cual los usuarios residenciales de gas natural reciben un descuento de entre 30 % y 50 % en sus facturas finales. Y hoy favorece a unos 4 millones de hogares en todo el país.

Ahora, el gbierno nacional impulsa cambios y busca concentrar subsidios energéticos en hogares vulnerables.

La iniciativa, que apunta a redefinir quiénes acceden a los descuentos tarifarios, prevé restringir el alcance de los beneficios y concentrarlos en regiones históricamente incluidas en el régimen, como la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.

La revisión surge tras cuestionamientos sobre la ampliación aprobada en 2021, que extendió el beneficio a numerosas localidades y elevó el número de hogares alcanzados.

Según el proyecto, el subsidio quedaría vinculado a criterios socioeconómicos además de geográficos. El beneficio estaría reservado a usuarios incorporados al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, personas con Certificado de Vivienda Familiar y beneficiarios de pensiones específicas.

También se busca modificar el financiamiento del Fondo Fiduciario destinado a sostener el esquema y ordenar el sistema energético en el marco de la política oficial de reducción del gasto público.

El gobierno sostiene que la expansión del régimen generó mayores costos y subsidios cruzados que deben ser revisados.

El proyecto está siendo debatido esta semana en el Congreso y promete abrir un nuevo foco de discusión política en torno al alcance de los subsidios y el costo de la energía en el país.