La postergación del tratamiento de un aumento del boleto de colectivo en el Concejo Deliberante generó malestar en dos patas del sistema: las empresas y el gremio.

Si bien la suma que se analiza aumentar es de $ 100, y llevar la tarifa plana a $ 895, en el organismo van a seguir analizando el tema, que podría tener novedades en septiembre.

El secretario general adjunto de la UTA local, Roberto Ponce, explicó que existe un “retraso muy importante” y que si bien “entendemos que es complicado para los usuarios que no están ganando lo que tienen que ganar con sus salarios, las empresas se están desfinanciando”.

En ese sentido, advirtió que el 80 % del parque automotor de las compañías “es viejo” y que es necesaria una renovación.

“Las empresas se vienen desfinanciando hace tiempo y creo que en parte los concejales no se preocuparon por el sistema, que está en decadencia y es muy necesario para la ciudad ya que se suben unos 2,5 millones de pasajeros por mes”, señaló.

El gremialista aclaró que por el momento no hay riesgo de pérdida de puestos de trabajo, pero sí que la empresa San Gabriel “analiza el retiro de la actividad” y El Villarino “envió cartas documento a la Provincia exigiendo soluciones a sus muchos problemas”.

En ese contexto, Carolina Lemos de Rastreador Fournier sostiene que la postergación del tratamiento “es una decisión irresponsable” ya que el aumento “debió hacerse en junio o julio y se quiere pasar a septiembre, y cuando se haga va haber quedado viejo”.

En ese sentido considera que de acuerdo al estudio de costos debería rondar los $ 1.200.

“Como a todo el mundo nos aumentan los costos. A nadie le gusta subir los precios pero la realidad es que con un 4 o 5 % de inflación es necesario. Y cuanto más se dilate va a ser peor, generando un quiebre operativo y económico en las compañías”, amplió.

Para finalizar, la empresaria advirtió que existe la posibilidad de que comiencen a restringir las frecuencias, y que además por tener unidades viejas se rompen más y se perjudica el sistema.

Valores actuales:

TARIFA PLANA

 1° Sección: $795
 2° Sección: $890
 Cerri: $938
 Cabildo: $1505

PASAJERO FRECUENTE A (más de 60 viajes)

 1° sección: $596,25
 2° sección: $667,50
 Cerri: $703,50
 Cabildo: $1128,75

PASAJERO FRECUENTE B (más de 20 viajes)

 1° sección: $715,50
 2° sección: $801
 Cerri: $844,20
 Cabildo: $1354,50

ESCOLARES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

 1° sección: $397,50
 2° sección: $445
 Cerri: $469
 Cabildo: $752,50

ATRIBUTOS SOCIALES

 1° sección: $357,75
 2° sección: $400,50
 Cerri: $422,10
 Cabildo: $677,25

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 Sin costo

PASAJE COMBINADO

 El Boleto Combinado, permite utilizar dos líneas en el lapso de una hora, el segundo pasaje es gratuito.

Un relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía detectó que en el primer trimestre del año en la ciudad había 48.400 personas con empleo en condiciones precarias.

A su vez, al cierre del período, la tasa de informalidad alcanzó a 26.200 individuos.

Según explica la consultora, la informalidad y precariedad laboral son indicadores que suelen emplearse para analizar el mercado de trabajo.

Estos dos conceptos están vinculados directamente con variables como el nivel de actividad económica, la carga impositiva relacionada a la contratación de trabajadores registrados y al grado de control estatal sobre el cumplimiento de las leyes de la seguridad social, entre otros.

El informe:

El Ministerio de Salud de la Nación formalizó los cambios en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann).

Según explicaron, el objetivo es fortalecer los controles y la transparencia, y recuperar el espíritu inicial del programa, contenido en la ley 27.350: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Las modificaciones alcanzan específicamente a cultivadores solidarios y a las ONG:

Los principales puntos de la nueva resolución son:

El registro para cultivadores solidarios se limitó a 2 personas.

Las ONG deberán estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización que corresponda a cada jurisdicción

Notificación al municipio del objeto de la ONG/Asociación civil.

Tener como parte de su objeto social el fin sanitario y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales.

Los miembros de la comisión directiva de las ONG no deben tener antecedentes penales.

Asimismo, se establece como requisito excluyente para solicitar la inscripción en el REPROCANN contar con indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal.

Requisitos:

Cada tercero inscripto en el Reprocann podrá representar bajo el rol de cultivador, como máximo 2 personas, ella incluida.

Pueden tener entre una y nueve plantas florecidas por paciente.

Hasta 6 m2 para cultivo interior, y hasta 15 m2 para el cultivo exterior.

Se pueden transportar entre uno y seis frascos de 30 ml o hasta 40 gramos de flores secas.

¿Qué es el Reprocann?

El Reprocann es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.

En Argentina, el cultivo y el uso del cannabis para fines medicinales o terapéuticos es legal desde 2020.

Los beneficiarios directos de este programa son pacientes con indicaciones médicas de especialidad médica o formulación magistral, cuyo suministro está gestionado por farmacias autorizadas.

Asimismo, aquellos pacientes que requieran cultivar la planta de cannabis para su tratamiento deben inscribirse en el Reprocann para obtener la debida autorización.

Este sistema se enmarca en una política de salud pública que busca garantizar un acceso equitativo, seguro y regulado a terapias alternativas que han demostrado ser efectivas en determinadas condiciones médicas.