Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Bahía propone desregular el servicio de taxis y remises y habilitar aplicaciones como Uber, para el transporte de pasajeros.

La iniciativa pretende que eliminar el sistema de legajos que otorga el municipio, que el Estado no determine el valor de las tarifas, y que de esa manera se genere una libre competencia.

La semana pasada, representantes de taxistas y remiseros fueron a un encuentro al organismo y tuvieron un tenso cruce con el edil que presentó la propuesta.

Según aseguran, autorizar el sistema de aplicaciones pone en peligro a unas 500 familias y además consideran que están en desventaja por los costos y requerimientos que necesitan para circular.

Cabe aclarar que en nuestra ciudad hay una ordenanza que se aprobó en diciembre del 2020 que establece que para transportar pasajeros únicamente pueden hacerlo vehículos con habilitación municipal, y en caso de incumplimiento, se imponen multas elevadas y el secuestro del vehículo.

Este lunes, el turno para pasar por el Concejo fue de los choferes de Uber, que si bien no están autorizados, existen.

Sus representantes coinciden en que pretenden ser reconocidos, y que además que son elegidos por los usuarios.

En ese marco, aseguraron que hay clientes que se quejan del servicio de taxis por los precios y maltratos, y además denunciaron aprietes y episodios de violencia por parte de estos.

Para que el proyecto avance, debe pasar por comisiones y contar con el acuerdo entre bloques para que sea tratado en el recinto.

La normativa actual abarca a taxi, remises, servicios ejecutivos, transporte escolar, servicios contratados en todas sus modalidades, transporte de personas con capacidades diferentes, transporte público y cualquier otro tipo de transporte privado de personas entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital y/o telefónica, y todo otro servicio o modalidad y/o medio de pago utilizado para la contratación.

Desde el área de legales de la aplicación, luego de la primera multa que recibió un conductor en la ciudad en febrero del 2021, la infracción fue en contra del Código Civil y Comercial ya que la ordenanza sancionada dos meses antes prohibía justamente lo que esa ley, superior, autoriza.

Así lo establecen los artículos 1280 y 1281, de contrato de transporte entre privados, por lo que se interpreta que la actividad resulta lícita y no puede ser sancionada.

Sostuvieron además que no existe en el municipio la posibilidad de obtener una habilitación para este tipo de transporte, ya que no hay regulación, como sí lo hace el mencionado Código. En cambio sí los taxis y remises.

“La falta de regulación no puede ser sinónimo de prohibición”, indicaron los abogados.

En consecuencia, argumentaron que también se estaría violando la Constitución Nacional ya que la prohibición de una actividad lícita afecta el derecho a trabajar y a ejercer toda industria o actividad lícita.

En junio, Julián Barcelona fue absuelto.