La justicia federal de Bahía Blanca imputó a la empresa ABSA por la contaminación de la ría local.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió el llamado a indagatoria de 11 directivos de los últimos 6 años, puntualmente desde mayo del 2017 a la fecha, acusados de infringir la ley 24.051 de residuos peligrosos.
Se trata de presidentes, vicepresidentes y directores. Algunos pasaron por los cargos y otros todavía los ostentan: Raffaele Sardella, Germán Ciucci y Carlos Blanco; Luis Bouzon, Alejandro Marchionna Fare, Diego Menéndez, Roberto Rojas y Carlos Coronel; y Matías García, Horacio Pascual y Héctor Domínguez.

En la causa “Meninato, Rolando y otros s/envenenamiento o adulteración de aguas, medicinas o alimentos”, impulsada por los Pescadores Artesanales, se considera que gran parte de la contaminación del estuario bahiense se debe a los vertidos cloacales de la firma Aguas Bonaerenses.

Según estudios del Insituto Argentino de Oceanografía (IADO), se detectaron sustancias tóxicas en el agua producto del vertido de efluentes sin tratamiento, o por deficiencias en sus plantas de tratamiento.

El Informe del Laboratorio de Microbiología General señaló que la zona interna del estuario “tiene baja renovabilidad de agua y por lo tanto presenta alta fragilidad” y que “los resultados evidenciaron que existe una influencia de los volcados que realiza la cloaca Tercera Cuenca en el área donde se localiza el balneario”.

“La descarga de ABSA resulta alarmante en términos numéricos, lo que denota la amplitud de la contaminación que se le achaca. Se corre el riesgo de alterar irreversiblemente las condiciones con el riesgo sanitario consecuente”, se amplió.

El año pasado la justicia alcanzó acuerdos con las empresas Mega, Oiltanking, Refinería, Profertil, PBB, TGS y Unipar, cuyas autoridades se comprometieron a hacer obras y ejecutar acciones tendientes a mitigar el impacto ambiental por su producción e intentar revertir los daños.

Sin embargo, ABSA quedó afuera de esos convenios al no ofrecer respuestas concretas y pedir 30 años para dar soluciones, lo que fue considerado excesivo y a partir de eso se impulsó la acción penal.

El pedido de indagatoria: