Ahora
Va a juicio la mujer que en el 2021 hizo 91 amenazas de bomba en Bahía
Se llama Juliana Gil Barrera y operó llamando al 911 durante más de 3 meses.
Una mujer que en el 2021 hizo en Bahía 91 amenazas de bomba en distintos establecimientos públicos y privados, va a juicio.
Así lo resolvió el fiscal Rodolfo De Lucía, de la UFIJ N° 20, al terminar la investigación sobre Juliana Gil Barrera.
La modalidad consistía en alertar vía telefónica al 911 sobre la colocación de elementos explosivos, situación que generaba un importante desgaste en los servicios de emergencia como policía, bomberos, Defensa Civil y salud, y también caos en el tránsito, especialmente en el microcentro.
Las amenazas se realizaron entre el 17 de agosto y el 3 de diciembre y la responsable fue localizada tras una tarea investigativa del Departamento de Casos Especiales y de la fiscalía, quienes analizaron los informes solicitados a las empresas telefónicas y llevaron a cabo el entrecruzamiento de toda esa información.
La mujer decidió no prestar declaración, aunque se logró determinar que esas llamadas estarían vinculadas con una situación personal y no con cuestiones de carácter político.
Gil Barrera está imputada de 91 hechos de intimidación pública en los términos de los artículos 211 y 55 del Código Penal.
Estas falsas amenazas constituyen un delito que tiene penas que van de 2 a 6 años de prisión.
Ahora
Investigan la participación de más personas en el caso de la nutria
Se van a peritar los teléfonos de los dos acusados.
La justicia investiga la participación de más personas en el caso de la nutria muerta a patadas.
La fiscalía quiere saber si además de Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo, hubo alguien más involucrado, ya que en el video se escucha una voz femenina.
Pese a que ambos jóvenes de Huanguelén se negaron a declarar, sí habilitaron las claves de sus teléfonos para ser peritados, instancia en la cual van a determinar la secuencia de los hechos, el grado de participación de cada uno y si hubo más gente involucrada.
Si bien ambos estudian y viven en Bahía Blanca, apenas conocido el caso partieron a su ciudad de origen, Huanguelén, lugar en el que permanecen y desde donde hicieron un Zoom con la fiscal Marina Lara.
En ese contexto, en conferencia de prensa secretario del Ministerio Público Fiscal, Santiago Garrido, explicó que en el celular también buscan “mensajes que puedan haber existido entre alguno de los autores y terceras personas que se contactaron con posterioridad al hecho a los fines de hacer desaparecer el cadáver, que hubiera sido un elemento importante para nosotros al momento de poder imputar el hecho, porque hubiera permitido hacer una necropsia”.
Además, el funcionario declaró que, de todos modos, “los testimonios más relevantes son los de dos chicas que venían caminando sobre el 12 de Octubre, en sentido contrario a donde estaban estos chicos que venían circulando en 12 de Octubre para Paraguay. Ellas fueron las que advirtieron la secuencia completa”.
Cabe señalar que también se estudian amenazas a los dos involucrados, en sus propios teléfonos.
Ahora
Advierten que en Bahía aún no hay colectas para Venezuela
La Sociedad Venezolana de Bahía Blanca informó por sus redes sociales que, por el momento, no cuentan con una ruta humanitaria segura para enviar donaciones a Venezuela.
La organización compartió un comunicado en donde agradeció a la comunidad por la solidaridad y disposición para ayudar a Venezuela, y aclaró que se encuentran trabajando para poder establecer un centro de acopio y conseguir una vía segura para las donaciones.
En ese sentido, confirmaron que, en cuanto tengan eso definido, darán a difundir la información.
El comunicado se da en el marco de algunas colectas falsas que estuvieron circulando en redes. En un momento inicial, el perfil de la asociación había compartido una historias en donde indicaban al Colegio La Piedad como punto de recolección de donaciones, pero después lo desestimaron.
Ahora
La Corte ordena al gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional debe cumplir con la ley, sin más postergaciones.
La Corte Suprema de Justifica ratificó la cláusula que obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilataciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
A partir de esta resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023.
El reclamo de la comunidad universitaria era no un aumento del presupuesto sino la recomposición si este, para revertir el deterioro que hubo durante estos años.
En los salarios, la medida implica que se salde el desfasaje salarial, que alcanza aproximadamente el 30%.
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