La reforma fue sancionada tras más de 12 horas de debate y modifica la ley vigente desde 2010. El nuevo marco limita la protección estricta a zonas con función hídrica comprobada.

La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió hasta la madrugada. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

La norma introduce cambios en la ley 26.639, que hasta ahora establecía presupuestos mínimos para la protección de glaciares y áreas periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua.

Los puntos clave de la reforma

Uno de los principales puntos es que la protección deja de ser general y pasa a aplicarse solo a glaciares y zonas que tengan una función hídrica comprobada o relevante. Esa condición deberá ser definida por cada provincia.

En ese sentido, la reforma otorga mayor poder a los gobiernos provinciales, que podrán establecer sus propios criterios de protección y autorizar actividades en estas áreas, siempre que se realicen evaluaciones de impacto ambiental.

Además, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deja de tener un rol central en la definición técnica y pasa a cumplir una función principalmente de registro. El Inventario Nacional de Glaciares seguirá siendo de consulta obligatoria, pero no va a condicionar las decisiones provinciales.

El nuevo esquema también reemplaza el sistema de prohibiciones generales por un modelo basado en evaluaciones caso por caso. De esta manera, se habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en zonas que antes estaban restringidas, bajo control ambiental previo.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma al señalar que ordena el marco normativo y fortalece el federalismo. En cambio, sectores de la oposición, científicos y organizaciones ambientales cuestionaron los cambios y advirtieron sobre riesgos para la seguridad hídrica, basados en tomas de decisiones arbitrarias e con intereses.

La ley establece que los glaciares incluidos en el inventario van a seguir protegidos de forma inicial, hasta que se determine si cumplen funciones hídricas. En caso contrario, dejarán de estar alcanzados por esta normativa específica, aunque continuarán bajo otras leyes ambientales vigentes.

La modificación marca un cambio de enfoque: pasa de un esquema preventivo y uniforme a uno condicionado, con mayor intervención de las provincias en la gestión y control de estos territorios.

En el día de ayer, personal policial realizó allanamientos en el sindicato y en domicilios particulares de algunos miembros del mismo, en donde secuestraron celulares.

Según se pude saber, la medida busca reunir elementos que permitan averiguar quiénes son los mayores responsables en los hechos de violencia cometidos en el predio del shopping el viernes 3 de abril pasado.

Por otro lado, durante la mañana se hoy trascendió que el gremio tiene nuevo representante legal: Sebastián Martínez será el responsable de su defensa.

A su vez, en estos momentos, un grupo de afiliados a la entidad están en la vereda del Honorable Concejo Deliberante y otros tantos dentro del recinto, ya que en breve comienza una sesión en donde los concejales tratarán distintos proyectos vinculados a los hechos sucedidos en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

El 17 de enero Katherina Neufeld (30 años) escapó de la Colonia Menonita Nueva Esperanza, en Guatraché, La Pampa. Es el tercer caso de huida de mujeres en pocos meses, y todas dan cuenta de lo mismo: entornos violentos y opresivos, sin libertad ni posibilidad de expresión.

Ese sábado, la madre agarró a sus 4 hijos y junto a una amiga, Elizabet, sus hijos y un chico más, se fueron en remís a Macachín.

Se alojaron en un hotel del pueblo, y dos días después aparecieron el marido de Katherina y el de Elizabet, junto a hombres de su familia, para que las mujeres y y los niños vuelvan a la colonia. Pero, afortunadamente, tuvieron una aliada: la dueña del hotel llamó a la policía y ellos no dejaron pasar a los hombres.

Sin embargo, unos días después, volvieron integrantes de la comunidad menonita y se llevaron a sus dos hijos varones. En ese punto, Katherina recurrió a la Justicia.

Junto a una abogada, iniciaron un proceso urgente para restablecer el vínculo materno y proteger los derechos de los niños.

Luego de semanas de tensión, llegó la sentencia: restitución inmediata  y otorgamiento del cuidado personal a la madre, suspensión del contacto con el progenitor y medidas de protección, con prioridad en el interés de los niños por sobre cualquier otra consideración. Ninguno de los cuatro pequeños quería volver a la comunidad.

La ejecución de la medida requirió la intervención de organismos del Estado y coordinación institucional, en un proceso que expuso las dificultades de actuar en contextos culturales cerrados.

La abogada de Katherina refirió en distintos medios que el mayor desafío para las mujeres que escapan de situaciones de violencia no es solo irse, sino reconstruir su vida y recuperar a sus hijos. “No se trata de cuestionar una cultura, sino de garantizar derechos fundamentales para los niños”, agregó.