Varios videos de un festejo de cumpleaños al que fueron alrededor de 30 personas se viralizaron este fin de semana y la indignación copó las redes sociales. El intendente Héctor Gay reaccionó y pidió información a la Justicia.

La fiesta en cuestión fue en Pampa Central al 1.700, a donde llegaron desde el Departamento de Fiscalización del Municipio pero no pudieron hacer nada ya que se trataba de una propiedad privada, no abierta al público. Tampoco podía hacer nada la policía, porque no tenían orden judicial.

Para las autoridades, la organización de este tipo de fiestas pone en jaque la lucha contra la pandemia de coronavirus, ya que se asegura que la mayoría de los contagios vienen justamente de reuniones sociales.

“No podemos dejar que algunas minorías soslayen el trabajo de las grandes mayorías”, dijo Gay ayer.

Hubo tanto repudio por esas horas que las autoridades definieron reforzar los operativos. De hecho, fuentes oficiales del Municipio indicaron que estuvieron detrás de otra fiesta que se iba a realizar el domingo, pero que finalmente no se concretó.

Qué hacer para denunciar una fiesta

Las fiestas están prohibidas desde el 20 de marzo. No están habilitadas en ninguna de las fases. Y las reuniones sociales de hasta 10 personas solo están permitidas en Fase 5. Bahía Blanca estará en Fase 3 al menos hasta el 25 de octubre.

En ese contexto, hay 2 números para denunciar fiestas clandestinas: 911 y 109.

A cuál llamar

Si se trata de una fiesta en una casa, se pide llamar al 911. La policía, con orden judicial o presunción de la comisión de un delito, puede actuar.

Si lo que se quiere denunciar es un bar o boliche en el que se está desarrollando una juntada clandestina, se puede denunciar al 109. Ahí irá Fiscalización del Municipio y clausurará el lugar si se comprueba que hay más de 50 personas y una actividad comercial.

Por otra parte, también se puede hacer una denuncia por “ruidos molestos” en el 109.

En todos los casos se acerca la policía. En los últimos 2 lo hacen también desde el Municipio.

“Tenemos a veces denuncias y guardias permanentes 24/7 para este tipo de cuestiones. Lo que pasa en la práctica es que son en casas de familia donde no tenemos acceso”, advierte el director de Fiscalización, José Montanaro.

La posibilidad de desalojo queda en manos de la Policía, quien puede imputar a las personas por violar el Decreto de Necesidad y Urgencia que hizo el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo.