El planteo buscaba protección para los testigos, los abogados y la madre del joven, quienes sostienen ser víctimas de un plan de amedrentamiento.
Los apuntados eran el entonces secretario de Obras Públicas, Rubén Valerio; su subsecretario, Rubén Lazcano; y el secretario Privado, Martín Laplace.
La mayoría de los bahienses le dio la espalda al sistema de fases.
