La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la prisión domiciliaria para Mariela Agunin, la mujer que se encontraba detenida desde abril y acusada de comercialización de estupefacientes a partir de una entrega de marihuana registrada en la Plaza Rivadavia.

Los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri rechazaron una presentación del fiscal Mauricio Del Cero y consideraron, entre otros aspectos, su estado de salud y su situación personal y familiar.

Agunin había sido detenida luego de una investigación que se inició por un episodio ocurrido el 9 de enero de 2025, cuando policías observaron una entrega de un envoltorio entre dos personas en inmediaciones de Chiclana y Alsina.

El paquete contenía 7,4 gramos de marihuana y, posteriormente, el análisis de teléfonos celulares y de registros de cámaras permitió a los investigadores sostener que se trataba de una operación de venta. La Fiscalía también señaló una transferencia de $ 35.000 y otras presuntas operaciones similares.

La acusación sostiene que se trató de una comercialización de estupefacientes agravada por haberse realizado en un espacio público, un delito que contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión. Sin embargo, la defensa, encabezada por el abogado Carlos Carnevale, cuestionó esa interpretación y aseguró que no existen elementos suficientes para vincular a Agunin con una estructura de narcomenudeo.

Según esa postura, en el allanamiento de su vivienda no se encontraron drogas ni elementos que permitieran acreditar una actividad comercial organizada.
Uno de los puntos centrales de la defensa fue que Agunin cuenta con trámite y certificado REPROCANN desde 2023, vinculado al uso medicinal del cannabis.

Desde su entorno sostuvieron que la entrega realizada en la plaza fue a una amiga que le había solicitado cannabis para uso terapéutico y rechazaron que se tratara de una operación de venta. También remarcaron que la mujer no tiene antecedentes penales y que no existirían riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

La situación de salud de Agunin también tuvo un peso determinante en la decisión judicial. Los jueces señalaron que el cuadro médico que presenta es producto del encierro y el aislamiento y advirtieron sobre un “riesgo de profundización sintomática de persistir las condiciones actuales”.

Su familia ya había denunciado públicamente que necesitaba medicación para afrontar las consecuencias del encarcelamiento.

El caso había generado además una movilización de organizaciones vinculadas al cannabis medicinal. En junio se había realizado una convocatoria frente al anexo de Tribunales para reclamar su libertad y denunciar lo que consideraban una criminalización de una usuaria terapéutica de cannabis.

En aquella oportunidad, desde las organizaciones habían planteado que no se debía castigar a personas que utilizan cannabis con fines medicinales.

Con la resolución de la Cámara de Apelaciones, la prisión domiciliaria quedó firme y Agunin podrá continuar el proceso fuera de la unidad penal. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía, mientras la justicia deberá avanzar sobre las pruebas incorporadas al expediente y determinar la responsabilidad de la mujer en los hechos que se le atribuyen.