La Ley 26.862 garantiza en Argentina el acceso a tratamientos de reproducción asistida para todas las personas mayores de edad, sin distinción por orientación sexual, estado civil o tipo de familia. Sin embargo, especialistas advierten que en la práctica todavía hay obstáculos vinculados a la cobertura y al acceso efectivo a las prestaciones.

El equipo Origen Psicología Reproductiva, integrado por Pamela Rossi, Romina Bonomi y Marina Alberto, explicaron cómo el sistema judicial interviene en los tratamientos de fertilidad.

“Las personas tienen derecho a acceder a estos procedimientos dentro del sistema de salud, y deben ser cubiertos por las obras sociales, prepagas o los organismos de salud pública”, señalaron. La normativa contempla tratamientos de baja y alta complejidad, medicación y estudios diagnósticos.

Sin embargo, indicaron que la aplicación de la ley presenta diferencias entre instituciones. Entre los problemas más frecuentes mencionaron demoras en autorizaciones, tiempos de espera, límites en la cantidad de intentos y criterios distintos según cada cobertura.

Las dificultades más frecuentes

Según explicaron, las mayores complicaciones suelen aparecer en torno a la criopreservación y la donación de gametos. Entre los inconvenientes señalaron restricciones para tratamientos con gametos donados, límites en la cobertura de almacenamiento de óvulos o embriones y demoras administrativas.

Estas situaciones, sostuvieron, pueden retrasar el inicio o la continuidad de los tratamientos y generar incertidumbre en quienes buscan acceder a ellos.

Por ese motivo, remarcaron que muchas personas terminan recurriendo a amparos judiciales para garantizar prestaciones que deberían estar incluidas dentro del sistema de salud.

La situación de la gestación por sustitución

Las especialistas señalaron además que uno de los puntos más complejos es la subrogación de vientre o gestación por sustitución.

Si bien la legislación reconoce el derecho a formar familia más allá de los modelos tradicionales, indicaron que existe un vacío legal porque no hay una ley específica que regule esta práctica.

Actualmente, estos casos suelen resolverse de manera individual a través de la vía judicial, una situación que genera incertidumbre tanto legal como emocional y que suma dificultades administrativas para quienes buscan acceder a esa posibilidad.