Ahora
A 6 años de la explosión en Dow: una falla en el diseño que pudo terminar en tragedia
Este sábado se cumplió un nuevo aniversario de la última gran explosión en el Polo Petroquímico de Bahía.
Fue el viernes 28 de junio del 2019, a las 0:20 horas, en la planta de Etileno 2 de la empresa Dow, que buscaba reiniciar la producción que se había interrumpido por el apagón general que afectó al país el domingo 16.
El sonido fue impactante, se escuchó en buena parte de la ciudad y generó pánico en la población ante la posibilidad de fuga de distintos productos químicos.
Las pericias determinaron que el radio de la expolosión fue de entre 35 y 40 metros, y que pudo haber sido mortal para cualquier persona que se encontrara a 10 metros. En ese momento había 70 operarios trabajando.
El caso fue investigado durante casi un año por el fiscal Cristian Aguilar, quien decidió archivar la causa por inexistencia de delito, por no haber heridos ni bienes ajenos a la compañía afectados.
Según peritos de la Universidad Nacional del Sur y de la Asesoría Pericial, se probó que no hubo escape de amoníaco o de sustancias que podrían haber puesto en peligro la salud de la población. Fue un estallido de agua y vapor y se produjo al generarse una presión 10 veces superior a la que puede soportar.
A su vez, el Comité Técnico Ejecutivo, ente municipal que fiscaliza a este tipo de plantas, reportó que se produjo una nube de vapor y que no hubo ningún gas involucrado, por lo cual no hubo incendio.
El titular de ese momento, César Pérez, fundamentó el por qué no se activaron las sirenas.
“No existió riesgo para la población, por eso no se activó ningún otro nivel del plan de respuesta a la emergencias, solamente el 1, que implica que los principales actores que están involucrados en dar respuesta, están en comunicación y evaluando lo que sucedió, para ver si es necesario subir un nivel más o darle alguna alerta de de autoprotección a la comunidad”.
En esa misma línea se manifestó la Gerente de Asuntos Públicos y Gobierno de Dow, Guadalupe de Latorre, quien coincidió en que “no correspondía” la activación de las sirenas externas, ya que no había inflamables ni se produjo un incendio, y debido a que el recipiente “contenía vapor, por lo que no hubo riesgo de una nube que pueda tener sustancias tóxicas”.
“La planta se encuentra parada en condición segura. Las autoridades están debidamente informadas y, en este momento, se inició la investigación correspondiente”, publicó tras la explisión la compañía, que ratificó que cumplía con estándares nacionales e internacionales de seguridad.
Sin embargo, en la investigación, se detectó la ausencia de una válvula que hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas.
Según el perito Santiago Maíz, “hubo una falla en la ingeniería de planta cuando se diseñó y se realizaron los planos (1999)”.
“El equipo carecía de válvula de seguridad o de alivio de presión que fue lo que hizo que explotara de esa manera. Nos sorprendió a todos los que participamos en la pericia. Estaba hecho bajo norma ASME, que en una parte indica que tiene que tener válvula de seguridad, que no es responsabilidad del fabricante, sino del usuario. Si la hubiese tenido ni nos hubiésemos enterado que hubo un error humano”.
Desde el lado de los vecinos, Estela declaró ante los medios locales que “la explosión se escuchó en todos lados y se movieron todos los vidrios, fue impresionante”.
“Una ya está acostumbrada a los ruidos, pero esta vez salimos todos a la calle, porque no sabemos si nos dicen la verdad”, señaló.
Pore su parte, Gabriela, agregó que lo vivió como “un hecho diferente a otros”, y cuestionó la falta de información.
“Como no se activaron las sirenas comunitarias, estábamos muy asustados, enviando mensajes por Whatsapp y llamando por teléfono para saber qué pasó”.
Ahora
La historia de Tomás y su sueño de ser astronauta
Estudia Ingeniería Aeroespacial y recibió una beca para ir a Estados Unidos. Necesita apoyo.
Tomás Lopreite tiene 21 años y con mucho esfuerzo, logró irse a estudiar Ingeniería Aeroespacial a la Universidad de La Plata.
Sin embargo u historia no termina ahí. Se postuló a Embry-Riddle Aeronautical University, una de las universidades aeroespaciales más prestigiosas del mundo, en Estados Unidos y quedó seleccionado.
Recibió una beca académica de 21.500 dólares anuales, la máxima que suelen recibir estudiantes extranjeros, pero todavía necesita juntar el dinero restante para poder viajar y empezar sus estudios.
Hoy está buscando apoyo para poder cumplir su sueño y algún día representar a la Argentina desde lo más alto.
Interesados en ayudarlo pueden donar al alias: universidadtomas
Conocé su historia:
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Ahora
Control parental en WhatsApp: los padres podrán administrar las cuentas de los hijos
WhatsApp lanzó cuentas con control parental.
La aplicación de Meta anunció funciones de supervisión para menores de 13 años.
Como adulto, desde tu dispositivo podés:
Decidir quién puede hablarles
Controlar a qué comunidades se unen
Bloquear ajustes mediante un PIN parental.
Recibir alertas por contactos desconocidos
Sebastián Bortnik, especialista en seguridad y crianza digital, analizó esta actualización y consideró que “no es espionaje, es cuidado”.
En ese sentido, fundamentó que “las charlas siguen siendo privadas, pero el entorno ahora es mucho más seguro para que ganen autonomía sin riesgos innecesarios”.
Cómo configurar el control parental:
– Descargar WhatsApp en el teléfono del menor desde la tienda oficial (Google Play Store o Apple App Store).
– Abrir la aplicación y tocar “Aceptar y continuar”.
– Elegir la opción “Crear una cuenta administrada por un padre, madre o tutor”.
– Registrar el número de teléfono del menor y confirmar su fecha de nacimiento.
– Utilizar el teléfono del adulto para escanear el código QR que aparece en el dispositivo del menor.
– Crear un PIN de seis dígitos para proteger la configuración de privacidad, evitando que el menor cambie las restricciones.
Ahora
Piden juicio a seis ex militares por delitos de lesa humanidad contra integrantes de la UNS
La fiscalía federal de Bahía Blanca solicitó la elevación a juicio oral de seis ex militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra 30 integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS) durante la última dictadura cívico-militar.
Los hechos investigados ocurrieron en 1976 e incluyeron secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra docentes, estudiantes y personal de la casa de estudios.
El pedido fue presentado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos dirigida al Juzgado Federal N º 1, a cargo del juez Walter López da Silva.
Los imputados son tres ex oficiales del Comando del V Cuerpo del Ejército, Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra y Norberto Eduardo Condal y tres ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 181: Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre.
Según la fiscalía, todos habrían participado en operativos realizados entre junio y noviembre de 1976 que terminaron con el secuestro y tortura de 30 personas vinculadas a la universidad.
Las víctimas se desempeñaban como docentes, estudiantes o trabajadores en distintas áreas de la UNS, incluyendo carreras como Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemática y Biología, además de la Escuela de Servicio Social y el Colegio Nacional dependiente de la universidad. Varios de ellos debieron exiliarse tras los hechos.
De acuerdo con la acusación fiscal, los delitos formaron parte de un plan sistemático de persecución política contra la comunidad universitaria. La investigación sostiene que el esquema represivo incluyó tareas de inteligencia y espionaje por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, además de la intervención del fuero federal y la difusión de las acusaciones a través del diario La Nueva Provincia para instalar en la opinión pública la idea de que la universidad era un foco de “subversión”.
En la causa también habían sido imputados dos civiles, entre ellos un exsecretario del juzgado federal y un directivo del mencionado medio, pero el juez consideró que aún debían profundizarse las pruebas sobre su posible responsabilidad. Ante esa situación, la fiscalía pidió avanzar con una elevación parcial a juicio respecto de los seis exmilitares, al considerar que la investigación sobre ellos ya está completa y lista para ser debatida en un tribunal oral.
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