Ahora
Informe advierte duras condiciones de detención en la cárcel y comisarías de Bahía
El trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria muestra severas deficiencias en el alojamiento, seguridad y salubridad.
El informe anual del Comité Contra la Tortura, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, criticó con dureza las condiciones de detención en cárceles y comisarías de Bahía.
En mayo, confirmábamos que la población en la unidad de Villa Floresta estaba cerca de duplicar el espacio disponible y que había 976 internos para 550 plazas.
Esa situación genera hacinamiento y no colabora con la reinserción. En una década, se duplicó la tasa de encarcelamientos en nuestro departamento judicial, pasando de 111 cada 100 mil habitantes en el año 2.012, a 247 en este 2.022.
La población de la cárcel de Bahía está cerca de duplicar el espacio disponible
En el extenso trabajo presentado, se detallan distintas inspecciones realizadas, que dan muestra de las falencias del sistema.
El 23 de junio, y en materia de salud, “el personal manifestó que la capacidad de atención era menor a la de una unidad sanitaria de cualquier barrio por los escasos insumos y medicamentos disponibles”, y que el déficit se suplía con turnos extramuros en e Hospital Penna.
También, que se constataron malas condiciones materiales y de higiene en celdas y pabellones, falta de mobiliario específico, de ropa de cama adecuada e insumos de limpieza, lo que constituye “un régimen de vida restrictivo que vulnera derechos” y “un marcado nivel de desatención del personal de salud”.
“Al momento de la inspección, el lugar estaba en mal estado de mantenimiento, la estructura edilicia visiblemente deteriorada, con parte de las paredes descascaradas y humedad. Se observó que en algunos lugares faltaban paneles del cielorraso e incluso una de las personas entrevistadas indicó que parte de dicha estructura se había desprendido y caído en forma repentina el día previo”, añadieron.
Por otro lado, en el sector femenino, las internas refirieron no poder realizarse controles ginecológicos, ya que no había personal especializado en la unidad y tampoco eran llevadas al hospital. Esa situación “a algunas les generaba mayor preocupación porque padecían, por ejemplo, fibromas, hemorragias abundantes durante la menstruación o un DIU sin controles”.
Se recuerda también que en julio del 2021, se promovió acción colectiva de hábeas corpus en la cárcel de Villa Floresta por problemas relacionados a la sanidad.
La sentencia exigía crear un sistema que permita rápidamente establecer si existían demandas médicas, odontológicas o farmacológicas de internos no abastecidas; si la dotación de profesionales o sus prestaciones eran insuficientes o ineficientes; se asegure una atención ginecológica permanente; presencia de enfermeros; y la conformación de un registro de enfermos con tratamientos crónicos, entre otras acciones.
Sin embargo, en una nueva inspección “no sólo no se había cumplido con lo ordenado sino que incluso había desmejorado significativamente el estado de situación”.
Advierte por otro lado el informe que la DDI de Bahía no estaba habilitada para el alojamiento de detenidos cuando se produjo un incendio en el sector de calabozos que profundizó el precario estado general del lugar y el riesgo para las personas que se encontraban allí.
La dependencia no contaba con elementos para combatir el fuego ni plan de evacuación ni salidas de emergencia. Tampoco se le dio asistencia a dos personas con problemas de salud, uno de ellos con VIH sin tratar por esos días.
Por último, que en el Centro de Recepción, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, el baño está dentro de la celda y no hay puerta, aunque sí una pequeña pared que lo separa.
El sector de ducha carece de grifería por lo que el agua sale por un agujero en la pared. Hay también un inodoro de cemento en cada baño y un lavamanos.
En una de las celdas se puede ver cómo el agua de la ducha moja todo un sector exterior, y hay un fuerte olor a cloacas. Según las autoridades, “porque las letrinas no poseen sifón, por lo que los desechos caen directamente”.
Informe_2022Ahora
Está en marcha la segunda etapa de la vacunación antigripal
Está destinada a niños, embarazadas, personal de Salud, personas de riesgos, personal estratégico, personas de riesgos y puérperas.
La segunda etapa de aplicación de vacunas antigripales está destinada a:
- Personal de Salud
- Mayores de 65 años
- Niños y niñas entre 6 meses y 2 años.
- Embarazadas.
- Personas puérperas (entre los 10 días posteriores al parto).
- Cualquier persona de riesgo.
- Personal estratégico.
- Personas en contacto con aves de corral.
La aplicación es gratis, sin turno ni orden médica. Te tenés que acercar al centro de salud o vacunatorio más cercano. En https://www.bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se encuentra disponible la ubicación y horarios de atención de cada uno.
La vacunación reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo. Además, es efectiva contra las formas graves de infección con variantes del subclado K, actualmente en circulación en el Hemisferio Norte.
Tres consejos simples para prevenir la gripe:
- Lavarse las manos regularmente o usar alcohol en gel.
- No compartir utensilios, mates ni otros objetos de uso personal.
- Ventilar los ambientes con frecuencia.
Ahora
Cuáles son los puntos claves de la Ley de Glaciares
La reforma fue sancionada tras más de 12 horas de debate y modifica la ley vigente desde 2010.
La reforma fue sancionada tras más de 12 horas de debate y modifica la ley vigente desde 2010. El nuevo marco limita la protección estricta a zonas con función hídrica comprobada.
La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió hasta la madrugada. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
La norma introduce cambios en la ley 26.639, que hasta ahora establecía presupuestos mínimos para la protección de glaciares y áreas periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua.
Los puntos clave de la reforma
Uno de los principales puntos es que la protección deja de ser general y pasa a aplicarse solo a glaciares y zonas que tengan una función hídrica comprobada o relevante. Esa condición deberá ser definida por cada provincia.
En ese sentido, la reforma otorga mayor poder a los gobiernos provinciales, que podrán establecer sus propios criterios de protección y autorizar actividades en estas áreas, siempre que se realicen evaluaciones de impacto ambiental.
Además, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deja de tener un rol central en la definición técnica y pasa a cumplir una función principalmente de registro. El Inventario Nacional de Glaciares seguirá siendo de consulta obligatoria, pero no va a condicionar las decisiones provinciales.
El nuevo esquema también reemplaza el sistema de prohibiciones generales por un modelo basado en evaluaciones caso por caso. De esta manera, se habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en zonas que antes estaban restringidas, bajo control ambiental previo.
Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma al señalar que ordena el marco normativo y fortalece el federalismo. En cambio, sectores de la oposición, científicos y organizaciones ambientales cuestionaron los cambios y advirtieron sobre riesgos para la seguridad hídrica, basados en tomas de decisiones arbitrarias e con intereses.
La ley establece que los glaciares incluidos en el inventario van a seguir protegidos de forma inicial, hasta que se determine si cumplen funciones hídricas. En caso contrario, dejarán de estar alcanzados por esta normativa específica, aunque continuarán bajo otras leyes ambientales vigentes.
La modificación marca un cambio de enfoque: pasa de un esquema preventivo y uniforme a uno condicionado, con mayor intervención de las provincias en la gestión y control de estos territorios.
Ahora
Nuevos capítulos en el caso del gremio de comercio y el shopping
La situación judicial iniciada luego de lo sucedido el viernes santo en el shopping continúa avanzando.
En el día de ayer, personal policial realizó allanamientos en el sindicato y en domicilios particulares de algunos miembros del mismo, en donde secuestraron celulares.
Según se pude saber, la medida busca reunir elementos que permitan averiguar quiénes son los mayores responsables en los hechos de violencia cometidos en el predio del shopping el viernes 3 de abril pasado.
Por otro lado, durante la mañana se hoy trascendió que el gremio tiene nuevo representante legal: Sebastián Martínez será el responsable de su defensa.
A su vez, en estos momentos, un grupo de afiliados a la entidad están en la vereda del Honorable Concejo Deliberante y otros tantos dentro del recinto, ya que en breve comienza una sesión en donde los concejales tratarán distintos proyectos vinculados a los hechos sucedidos en el Bahía Blanca Plaza Shopping.
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