La agrupación H.I.J.O.S Bahía Blanca criticó la defensa del presidente y vice del Partido Justicialista local a miembros de la Triple A.

Los cuestionamientos son hacia Mario Simón y Hugo Álvarez, quienes se presentaron como testigos en favor de Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, todos acusados por delitos de lesa humanidad. Quedó extinta la acción penal contra Héctor Oscar Chisú, que falleció antes de llegar a esta instancia.

“Lamentamos que hayan aludido no tener ningún tipo de conocimiento sobre la sangrienta historia de Bahía Blanca y el país, en los años previos al golpe genocida de 1976 de manos de bandas delictivas como la Triple A, algo por supuesto, totalmente inverosímil”, dice el comunicado de la organización.

Allí recuerdan que la justicia argentina declaró a los asesinatos, secuestros y atentados de la organización terrorista como crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben, “para poder empezar a esclarecer uno de los períodos más oscuros y menos investigados, en el cual fueron asesinados salvajemente cientos de personas, la mayoría militantes políticos y sociales, tarea que luego seguiría realizando la dictadura genocida”.

En ese contexto, H.I.J.O.S considera que “nuestra democracia necesita dirigentes, políticos y militantes que estén a la altura de los momentos históricos que transitamos, donde el silencio, la complicidad y el negacionismo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no tienen cabida en nuestra sociedad”.

Se sostiene que la Alianza Anticomunista Argnetina, fuerza paraestatal del gobierno de Isabel Perón y comandanda por el entonces Ministro de Bienestar, José López Rega, instrumentó un programa de persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos.

Según detalló la Unidad Fiscal de Derechos Humanos representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia, los acusados integraban un grupo de choque conectado con una política estatal, que “determinó una particular forma de operar en el que ese carácter civil se vio diluido en la presencia del propio Estado, que colocó sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos, o la garantía de no interferencia y de impunidad”.

“Dicho plan abarcaba la aplicación de operaciones del Servicio de Inteligencias del Ejército (SIE) representado a nivel local por el Destacamento de Inteligencia 181 y las Policías Federal y Provincial, y en el plano paraestatal, el grupo operativo civil implantado en las organizaciones gremiales y en la Universidad Nacional del Sur”, se agregó.

Acusan al peronismo de demorar causas de la Triple A