El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que “en ningún país del mundo se está dando una presencialidad del 100 %”.
En medio por la polémica por el reinicio de las clases en marzo, el funcionario explicó que según los protocolos “implica un distanciamiento dentro del aula” y “no existe infraestructura en ningún lugar del mundo para que sea absoluta”.
“No existe infraestructura en ningún lugar del mundo que pueda permitir la presencialidad absoluta en las condiciones actuales, ni en la Ciudad (de Buenos Aires) ni en otra jurisdicciones”, insistió en diálogo con el canal C5N.
De todas formas, Trotta explicó que 17 de las 24 provincias volverán con la presencialidad en marzo.
“Creemos que la vuelta debe ser segura. Los protocolos demandan esquema de distanciamiento físico en el aula. Vamos a debatir con todas las jurisdicciones: la Ciudad y las 23 provincias”, agregó.
Hoy es la segunda jornada de un feriado doble, el jueves por el Día de la Independencia y hoy con fines turísticos.
Para el próximo no habrá que esperar demasiado, ya que es el mes próximo.
Agosto tendrá un fin de semana largo, ya que el lunes 17 se va a conmemorar el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
Proyectando lo que viene, en septiembre no habrá ninguno, aunque el viernes 11 y el lunes 21 no habrá clases por los días del Maestro y el Estudiante.
Ya en octubre sí, se viene otro fin de semana largo: el lunes 12, Día del Respecto a la Diversidad Cultural.
En noviembre, otro: Día de la Soberanía Nacional el lunes 23. Y en diciembre, también, y por duplicado: lunes 7 puentes y martes 8 Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25 Navidad.
Irá a juicio oral la causa por el derrumbe en Bahiense del Norte que dejó como saldo 13 personas fallecidas y otras tantas discapacitadas.
Esto sucedió el 16 de diciembre del 2023 y las víctimas fatales fueron Juliana Barquero, Adriana María Contento, Norma Gladys Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Luis Dúo, Diego Carrasco, Luis Pérez, Juana Graciela Danszyt, Rosa Figueroa, Bryan Ortega, Diego Cassati, Rubén Baldi y Benicio Baldi.
Así lo resolvió la justicia de Garantías, en contra del presidente del club, Leandro Ginòbili; del ingeniero Pablo Ascolani; y de la ex jefa de Habilitaciones del municipio, Laura Soberón.
Ginóbili, está imputado del delito de estrago culposo agravado por la muerte,y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.
Para el fiscal Cristian Aguilar, el dirigente sabía que la entidad estaba funcionando sin habilitación, y pese a ser notificadas las autoridades para completar los requisitos y documentación, no lo hicieron y dejaron el trámite sin avances.
A su vez, pese al alerta naranja comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio, decidieron avanzar con el festival de patín programado para la jornada.
Ascolani, por su parte, por estrago culposo agravado por la muerte, además de lesiones leves y graves culposas, todo en un mismo hecho y agravado por la cantidad de víctimas.
La imputación se basa en que el ingeniero había presentado informes técnicos favorables sobre la estructura que luego se desmoronó.
Por último, Soberón, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal determinó que la funcionaria permitió la continuidad de diversas actividades masivas dentro de la entidad deportiva, pese a lo previsto en el Código de Habilitaciones donde se excluye expresamente a los clubes, de la permisibilidad de funcionamiento de las actividades, las que no deberán iniciarse ni ser libradas al público sus instalaciones, hasta que cuenten con la habilitación expresamente acordada.
Cabe recordar que además, hay una investigación paralela de esta causa, que involucra a los directivos del club y a peritos oficiales, y presuntos vínculos entre ellos.
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) cuestionó la forma en que el Gobierno nacional calcula la actualización salarial prevista en el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). Según el dirigente Sergio Zaninelli, la nota enviada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al secretario de Educación, Carlos Torrendell, contiene errores que terminan reduciendo el aumento que deberían percibir docentes y nodocentes.
El análisis surge a partir de una nota oficial en la que Álvarez solicita un refuerzo presupuestario y explica cómo el Gobierno planea cumplir con la medida cautelar que mantiene vigente el artículo 5 de la ley.
Según Zaninelli, el principal problema es que el Gobierno toma como fecha de inicio de la actualización salarial junio de 2026, cuando la ley establece que debía comenzar a aplicarse desde noviembre de 2025, el mes siguiente a su promulgación.
Además, sostiene que la comparación entre inflación y salarios está hecha con períodos distintos. Mientras la inflación se calcula entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios se comparan hasta abril de 2026. Para ADUNS, esa diferencia reduce artificialmente la pérdida salarial y, por lo tanto, también el porcentaje de actualización.
De acuerdo con los números presentados por Álvarez, el incremento necesario sería del 23,02%. Sin embargo, Zaninelli afirma que, aplicando el artículo 5 tal como fue aprobado, el ajuste debería ser del 36,94%.
El dirigente también cuestiona que el Gobierno haya omitido una actualización correspondiente a mayo de 2026 y que haya trasladado esos mismos criterios de cálculo para los aumentos previstos entre junio y diciembre de este año.
Según el análisis de ADUNS, el mecanismo previsto por la ley contempla tres etapas: una recomposición inicial para recuperar la pérdida acumulada hasta agosto de 2025, actualizaciones mensuales para compensar el desfase entre inflación y salarios hasta mayo de 2026 y, desde junio en adelante, ajustes mensuales equivalentes a la inflación.
Por último, Zaninelli señaló que los aumentos acordados en la paritaria del 10 de junio deberían computarse como parte de esa actualización salarial, pero únicamente si antes se aplica correctamente el mecanismo previsto en el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario.
El análisis completo está en el perfil del sindicato:
