El rectorado de la Universidad Nacional de Sur repudió las acciones de inteligencia desplegadas por la Agencia Federal de Investigación sobre sus autoridades, docentes, no docentes y alumnos.

Mediante una nota, la institución expresó su “más enérgico rechazo y condena” las prácticas de espionaje ilegal “reñidas con los derechos más elementales de una comunidad democrática”.

Al igual que sucediera en junio con el doctor Francisco Cantamutto, ahora fue el turno de la ex vicerrectora magister María del Carmen Vaquero, la Asociación de Docentes de la UNS, un empleado Nodocente de Radio Universidad y varias agrupaciones estudiantiles.

“En dicha ocasión, este Rectorado expresó que, lamentablemente, las instituciones académicas han sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de prácticas inaceptables, pero en la vida democrática, las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”, se agregó.

En el comunicado, se señala además que estas acciones “violan explícitamente el inciso 2 del artículo 4º de la Ley N° 25.520, que prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Pero sobre todo, desprestigian a las instituciones políticas y estigmatizan a ciudadanos y ciudadanas que en un Estado de pleno derecho tienen la libertad de actuar y pensar según su real parecer y entender dentro de los márgenes previstos por las leyes, y eso no puede constituir delito alguno o motivo de persecución, espionaje o seguimiento”.

La declaración, firmada por el rector doctor Daniel Vega, concluye que “como Universidad Pública comprometida con los valores democráticos, las garantías constitucionales y la plena vigencia de las leyes, repudiamos enfáticamente este tipo de acciones, y reclamaremos en cada ocasión que se presente la reparación necesaria por parte de los responsables y su rendición de cuentas ante los ámbitos judiciales que correspondan”.