Ahora
Investigan si el auto que cayó al Dique era conducido por un joven que tiene prohibido manejar
La lupa está puesta sobre Fernando Bonino, condenado por protagonizar un accidente en el que murió una mujer en 2013.
La familia de una mujer que murió a causa de un choque en el año 2013, busca averiguar si el auto que cayó al Dique Paso de las Piedras el último martes, era conducido por quien fue el responsable de aquel episodio y está inhabilitado para manejar.
La lupa está puesta sobre Fernando Bonino, propietario del Audi A3 dominio FHJ 022, que fue hallado culpable en el episodio que terminó con la vida de Carolina Crisa al caer al canal Maldonado, y ahora protagonizó un extraño accidente en el cual terminó flotando con su vehículo en el mencionado embalse.
Valeria Ridolfo, hija de la víctima, dijo al diario El Orden de Pringles que se puso en contacto con su abogado Mariano Jara, y con fiscalía, para acceder a las cámaras de seguridad “y ver si manejaba él, porque está inhabilitado para hacerlo”.
Consultado por Wips, el letrado pidió 24 horas para brindar detalles y justificó la imposibilidad de dar precisiones.
Bonino fue condenado en 2017 a 3 años de prisión de ejecución condicional y prohibición de manejar por 6, tras ser encontrado responsable de chocar a Crisa, de 52 años, el jueves 7 de julio de 2013, alrededor de las 3:30, en Avenida Alem y Primero de Marzo. Por el impacto, la víctima fue despedida por el parabrisas de su Fiat Uno y cayó al canal. Días después murió.
“Cuando me enteré que era la misma persona, dije no puede ser. Pasaron 7 años desde que falleció mi mamá y este chico Bonino jamás se quiso hacer cargo de nada, jamás reconoció que había sido el culpable. Venía a 90 km/h en el mismo Audi y la pasó por arriba”, dijo Ridolfo.
Según la información oficial, el automóvil que cayó al Dique era ocupado por el mencionado Bonino, además de Jon Mc Coubrey y Albano Sanjines.
En ese contexto, la fotógrafa Paola García, del medio pringlense que fue hasta el lugar para retratar el hecho, denunció amenazas de los tres jóvenes.
“En los años que llevo trabajando como fotógrafa para un medio, jamás me pasó. Uno de ellos me preguntó quién era, le dije que cubría para un medio, y automáticamente comenzó a exasperarse y me pidió que no sacara fotos porque no querían salir en los medios”, contó a través de su cuenta de Facebook.
En la publicación, agrega además que otro de los ocupantes le confirmó que ya habían tenido problemas con la prensa en otro accidente y que luego “exaltado me gritaba que no estaba autorizada a sacar fotos y le pedía a la policía que me saquen”.
También, que tiempo después cuando regresó al lugar para cubrir la extracción del auto del agua, uno de ellos “vino casi corriendo a gritarme que me vaya, que no estaba autorizada a estar ahí, que no podía sacarle fotos a nadie ni al auto y mucho menos saber sus nombres y apellidos. Entonces amenazó con sacar fotos a mi auto (de hecho lo hizo) para que me realicen una multa porque me encontraba estacionada arriba de un puente, y que si no me retiraba iba a apedrear mi auto”.
“Al dueño del medio para quien trabajo , también lo llamaron, y amenazaron con abogados, que saque sus nombres y apellidos de la nota, y fotos donde muestren la patente. Impotencia y bronca es lo que se siente en estas situaciones. ¿Por qué? Porque son “nenes” con dinero que hacen lo que quieren? Existe una ley…y se llama karma”, finalizó.
Ahora
Investigan la participación de más personas en el caso de la nutria
Se van a peritar los teléfonos de los dos acusados.
La justicia investiga la participación de más personas en el caso de la nutria muerta a patadas.
La fiscalía quiere saber si además de Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo, hubo alguien más involucrado, ya que en el video se escucha una voz femenina.
Pese a que ambos jóvenes de Huanguelén se negaron a declarar, sí habilitaron las claves de sus teléfonos para ser peritados, instancia en la cual van a determinar la secuencia de los hechos, el grado de participación de cada uno y si hubo más gente involucrada.
Si bien ambos estudian y viven en Bahía Blanca, apenas conocido el caso partieron a su ciudad de origen, Huanguelén, lugar en el que permanecen y desde donde hicieron un Zoom con la fiscal Marina Lara.
En ese contexto, en conferencia de prensa secretario del Ministerio Público Fiscal, Santiago Garrido, explicó que en el celular también buscan “mensajes que puedan haber existido entre alguno de los autores y terceras personas que se contactaron con posterioridad al hecho a los fines de hacer desaparecer el cadáver, que hubiera sido un elemento importante para nosotros al momento de poder imputar el hecho, porque hubiera permitido hacer una necropsia”.
Además, el funcionario declaró que, de todos modos, “los testimonios más relevantes son los de dos chicas que venían caminando sobre el 12 de Octubre, en sentido contrario a donde estaban estos chicos que venían circulando en 12 de Octubre para Paraguay. Ellas fueron las que advirtieron la secuencia completa”.
Cabe señalar que también se estudian amenazas a los dos involucrados, en sus propios teléfonos.
Ahora
Advierten que en Bahía aún no hay colectas para Venezuela
La Sociedad Venezolana de Bahía Blanca informó por sus redes sociales que, por el momento, no cuentan con una ruta humanitaria segura para enviar donaciones a Venezuela.
La organización compartió un comunicado en donde agradeció a la comunidad por la solidaridad y disposición para ayudar a Venezuela, y aclaró que se encuentran trabajando para poder establecer un centro de acopio y conseguir una vía segura para las donaciones.
En ese sentido, confirmaron que, en cuanto tengan eso definido, darán a difundir la información.
El comunicado se da en el marco de algunas colectas falsas que estuvieron circulando en redes. En un momento inicial, el perfil de la asociación había compartido una historias en donde indicaban al Colegio La Piedad como punto de recolección de donaciones, pero después lo desestimaron.
Ahora
La Corte ordena al gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional debe cumplir con la ley, sin más postergaciones.
La Corte Suprema de Justifica ratificó la cláusula que obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilataciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
A partir de esta resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023.
El reclamo de la comunidad universitaria era no un aumento del presupuesto sino la recomposición si este, para revertir el deterioro que hubo durante estos años.
En los salarios, la medida implica que se salde el desfasaje salarial, que alcanza aproximadamente el 30%.
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