Pese a que los servicios para la compra-venta y alquileres de propiedades están habilitados, 8 de cada 10 inmobiliarias no pudieron cerrar ninguna operación durante mayo, según el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).
El sondeo se hace entre más de 3.200 operadores de ese sector.
En tanto que casi el 60 % registró un aumentó en la oferta de locales comerciales, sobre todo en centros urbanos debido al incremento de cierres de negocios por la crisis que desató la pandemia.
“Estamos frente a una crisis sin precedentes en el mercado y creemos que se impone medidas del gobierno que incluyan una amplia moratoria, el acceso a créditos blandos y una fuerte presencia y apoyo al Estado en lo económico, en lo financiero y en lo comercial”, dijo el presidente de Camesi, Alejandro Ginevra, según reporta Infobae.
En mayo, el 21% de los consultados pudo cerrar alguna operación de alquiler, lo que representa un aumento del 9% en comparación con el mes anterior, aunque la mayoría sigue sin registrar operaciones. En el rubro de compra-ventas, apenas el 18% de las inmobiliarias cerró una operación. En abril lo había hecho el 7 por ciento.
El Observatorio Inmobiliario, que nuclea a empresas y agentes del sector inmobiliario del todo el país, se realizó en base a consultas a representantes del sector y reveló que muchas inmobiliarias no pudieron cubrir el pago de servicios y obligaciones.
El 43% de los operadores no pudo cumplir con todos los servicios y el 61% con la totalidad del pago de sus obligaciones.
“El 60% de quienes pagan sueldos no está pudiendo cumplir el pago total de los haberes a sus empelados. Y el 48% de los que pagan comisiones pudo hacerlo de forma total”, concluyó el informe.
En cuanto al pago de alquileres de los inquilinos, el 52% pudo abonar la totalidad de la renta, mientras que el resto hizo pagos parciales.
Una usuaria de Facebook, Claudia Pais, denunció que fue víctima de una estafa desde el perfil falso Mayorista Bahía.
Según su relato, pensó que se trataba de un comercio que vende útiles por mayor y menor de nombre similar, y solicitó a la página información.
Le pasaron una cuenta para transferir y una dirección para retirar personalmente o a través de Uber Moto.
Luego de hacer la transferencia a nombre de Luciano Miguel Nievas y compartir el comprobante, la persona detrás del perfil Mayorista Bahía le dijo que ya había encargado el transporte y lo estaba esperando. Sin embargo, la moto con el pedido nunca llegó a la casa de Claudia, y a las horas el perfil la bloqueó.
La mujer denunció por redes la situación vivida, y varias personas comentaron casos conocidos de estafas del perfil.
No es la primera vez que pasa
El nombre a quien se le transfiere, Luciano Miguel Nievas, ya aparece en otras dos denuncias hechas en redes:
El 13 de febrero, un participante anónimo publicó en otro grupo de Facebook que, con la intención de comprar unas hojas a un perfil con el nombre de Adriana Palacios, realizó una transferencia a la misma cuenta, pero su encargo nunca llegó. En las captura de pantallas compartidas por el usuario, se puede ver que el método es el mismo. publicación original
El 20 de febrero, la usuaria Susana Aitana Ñancucheo también publicó en un grupo que transfirió 100 mil pesos a una cuenta a nombre de Luciano Nievas y este la bloqueó. publicación original
Desde Wips, nos comunicamos con el número de celular que aparece vinculado al nombre de Luciano Nievas, pero no recibimos respuestas.
Las sugerencias de la OMIC
Frente a este tipo de situaciones, la Oficina Municipal de Información al Consumidor difundió una serie de recomendaciones para que las familias puedan hacer la compra de útiles escolares de forma informada, segura y sin inconvenientes, en un contexto de aumento de precios y fuerte demanda del sector.
Bajo el lema “Comprá informado y cuidá tu bolsillo”, el organismo instó a planificar la adquisición de materiales siguiendo una serie de consejos que buscan proteger los derechos del consumidor y evitar situaciones comunes de abuso o desinformación.
Entre las sugerencias, señalaron la importancia de:
– solicitar la lista escolar con anticipación y reutilizar útiles cuando sea posible para reducir gastos.
– comparar precios y calidad entre distintos comercios antes de concretar la compra.
– verificar que el precio exhibido en góndola coincida con el cobrado en caja al momento del pago.
– exigir ticket o factura como respaldo ante posibles reclamos o fallas en los productos adquiridos.
Y en relación a las compras online:
– asegurarse de que los sitios sean confiables y seguros (con protocolo “https”), revisar plazos de entrega y condiciones de envío, y desconfiar de ofertas que parecen demasiado bajas, para evitar posibles estafas o fraudes virtuales.
Además, el organismo recordó que los consumidores cuentan con un derecho de arrepentimiento de 10 días para cancelar compras online, y que todos los productos nuevos disponen de una garantía legal mínima, lo que permite reclamar ante fallas o defectos con respaldo legal.
El Ministerio del Interior oficializó un nuevo cuadro tarifario para la emisión y actualización de documentos nacionales.
Los valores van a empezar a regir a partir del 6 de marzo, y según imdicaron en el Registro Nacional de las Personas, responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del organismo ante la creciente demanda de trámites y la digitalización de procesos.
DNI recién nacido hasta 6 meses (ciudadano argentino): sin costo.
DNI regular (primer ejemplar, cambio de domicilio o actualizaciones): $ 10.000
DNI exprés: $ 26.000
DNI 24 horas: $ 41.000
DNI al instante (en oficinas habilitadas): $ 57.000
Para extranjeros (residentes temporarios o permanentes), tanto el primer DNI como las actualizaciones o rectificaciones: $ 20.000.
Tarifas del pasaporte
Pasaporte ordinario: $ 100.000
Pasaporte exprés: $ 200.000
Pasaporte con resolución inmediata (entrega en horas): $ 330.000
Pasaporte excepcional para extranjeros y documentos de viaje para apátridas o refugiados: $ 100.000
La normativa también mantiene la gratuitidad en casos de errores formales de emisión, siempre que el reclamo se realice dentro de los 90 días siguientes a la entrega.
La Confederación General del Trabajo llevó a la justicia la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y sancionada por el Congreso la semana pasada.
La central planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, que en breve será promulgada.
El fundamento para hacerlo es que consideran que la normativa “va en contra de principios fundamentales del derecho del trabajo” y vulnera garantías consagradas en la Constitución Nacional.
Entre los puntos objetados, los dirigentes sindicales señalaron que varios artículos representan regresiones en los derechos laborales adquiridos y debilitamientos de las protecciones colectivas de los trabajadores.
En el documento presentado ante el fuero Laboral y el Contencioso Administrativo, la CGT reclama que se declare inconstitucional:
– La ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
‘ La eliminación de sanciones a empleadores que no pagan aportes previsionales.
– La reducción de salarios reales por medidas en el régimen de horas extras y negociaciones paritarias.
– El debilitamiento de los derechos de huelga, de asamblea sindical y de negociación colectiva.
– El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la central califica de un “retroceso en el acceso a la justicia social”.
Los sindicalistas argumentan que estos cambios atentan contra el “principio de progresividad” y el “principio protector”, que buscan evitar la regresión de los derechos laborales frente a la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.
