Quedó expuesta una vez más la situación de los geriátricos en nuestra ciudad, y en toda la Provincia de Buenos Aires.

La muerte de una mujer por coronavirus que había pasado por un hogar de ancianos, avivó una problemática de antigua data, como es el incumplimiento de requisitos y la falta de controles.

En Bahía, de 90 inscriptos, sólo 11 se encuentran habilitados, y unos 200 funcionan de manera clandestina, o al menos sin los papeles y obligaciones necesarias.

El propio secretario de Salud, Pablo Acrogliano, manifestó que “más allá de lo que se dice, se hace muy poco”.

La ley que los regula es la N° 14263, impulsada en 2011 por el entonces senador y actual diputado Santiago Nardelli. Establece una serie de obligaciones administrativas, edilicias y de servicios, que la mayoría no cumple pero tampoco se controlan.

La normativa, en su artículo 6, obliga a los responsables de geriátricos a proveer una correcta alimentación, higiene y seguridad; conservación del edificio y equipamiento; un legajo personal por cada residente en el cual se adjunte el correspondiente certificado de salud al momento de su incorporación; seguimiento de los controles médicos y la medicación.

También, un libro sellado y rubricado por la autoridad de aplicación, en el cual se registra el ingreso, egreso transitorio o definitivo, reingreso y baja por fallecimiento de cada uno de los residentes.

A su vez, en el inciso 11, se ordena que la habilitación, categorización y fiscalización será otorgada por la autoridad de aplicación, y una vez otorgada, serán las municipalidades las que deberán registrar dicha habilitación.

En tanto que la autoridad de aplicación deberá llevar un registro de los establecimientos habilitados, consignar nombre o razón social, domicilio, titular responsable, director de salud y cantidad de camas habilitadas. Y en ese marco, realizar inspecciones periódicamente.

Entre los fundamentos de la ley, Nardelli justifica su aprobación señalando que además de ser una “asignatura pendiente”, el aumento de la expectativa de vida obliga a
evitar situaciones de desprotección de los adultos mayores, que además son más y demandan mayores servicios de la seguridad social.

El legislador alertó sobre la enorme cantidad de espacios no habilitados y que
funcionan en “total desconocimiento de las normas vigentes incumpliendo las necesidades mínimas”, lo que implica “un reto obligatorio para los poderes públicos”.

Cita en su exposición, que la propia Constitución bonaerense en sus artículos 10, 12 y especialmente en el 36 inc. 6), se refiere a la atención de personas de la tercera edad, señalando que la Provincia promoverá políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo.