Finalmente padres de alumnos de las escuelas de la Universidad del Sur presentaron una denuncia contra la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS), María José Egidi.

Se la acusa de presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, falsedad ideológica y defraudación a la administración pública.

En ese sentido, los denunciantes sostienen que existe una práctica institucional sostenida mediante la cual no se registran administrativamente las adhesiones docentes a los paros, pese a que las medidas de fuerza son conocidas y comunicadas oficialmente a las familias.

Según el escrito, durante el actual ciclo lectivo las escuelas dependientes fueron afectadas por reiterados paros y retenciones de tareas, y tras pedidos de acceso a la información pública realizados por las familias, la conducción respondió de manera considerada evasiva.

Posteriormente, un informe interno de la Dirección General de Personal reveló que el sistema SIU-Mapuche cuenta con una categoría específica denominada “Adhesión a paro”, pero en lo que va del 2026 no se cargó ningún registro bajo esa variable.

Los denunciantes afirman que esa omisión administrativa habría permitido que se confeccionaran registros y planillas que reflejaban una prestación normal de servicios docentes aún en jornadas afectadas por medidas de fuerza. Sostienen que eso derivó en el pago de haberes correspondientes a días sin actividad efectiva, generando un posible perjuicio económico para el Estado Nacional.

Además, plantean que se trataría de una práctica repetida durante años y no de hechos aislados.

La presentación solicita una investigación judicial con pericias contables e informáticas, declaraciones testimoniales y el secuestro urgente de registros y respaldos del sistema SIU-Mapuche para preservar pruebas.

También, analizar la eventual participación de otros funcionarios y deja planteada la posibilidad de ampliar las imputaciones a medida que avance la investigación.

Leonardo Valente, uno de los referentes de esta iniciativa, aclaró a Wips que no se oponen a la medida de fuerza sino a que no haya consecuencia económica por día no trabajado como sí lo hace la Provincia.

Según explicó, hicieron esta presentación ante la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior, María José Egidi y obtuvieron una respuesta con “evasivas” al igual que las distintas autoridades de la distintas escuelas dependientes de la UNS.

A poco de cumplirse dos meses desde su apertura,

El registro de conductores para plataformas digitales ya cuenta con 507 inscriptos en nuestra ciudad.

Se trata de la inscripción para poder ofrecer servicio de pasajeros tipo Uber, que se va a comenzar aplicar también en otras ciudades que no los tenían regulados.

En Buenos Aires los choferes de aplicaciones también deberán tener licencia profesional

El registro continúa abierto y se realiza en forma online a través de la app MiBahía.

Cómo inscribirse

Al ingresar al menú de la aplicación,  se dede seleccionar “REGISTRO DE CONDUCTORES DE PLATAFORMAS DIGITALES”, y se redireccionará a “Mis roles de ciudadano”.

Dentro de la opción “nuevo conductor”, se debe seguir estos 3 pasos:

1 Cargar fotos de la DNI y Licencia de Conducir (más el número y categoría)
2 Asociar vehículos (patente, año, marca/modelo, fotos de la cédula y del vehículo; datos de la póliza y del propietario)
3 Seleccionar las plataformas sobre las que se opera.

Una vez aprobado el trámite, la autorización aparecerá en el perfil.

Mariela, una mujer de Bahía, está detenida desde hace más de un mes en la cárcel de Saavedra en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

La investigación está a cargo del fiscal Mauricio Del Cero y del juez Alberto Manzi, mientras que la defensa es ejercida por el abogado Carlos Carnevale.

El caso empezó cuando el 9 de enero de 2025 la mujer entregó 7,4 gramos de cannabis a una amiga en la Plaza Rivadavia.

La situación llamó la atención de los policías, que se acercaron a identificarlas. Ellas dijeron que era marihuana y entregaron la bolsa en el lugar. Los efectivos también le secuestraron los teléfonos celulares.

Según la acusación, el episodio registrado fue una entrega de estupefacientes agravada por haberse realizado en un espacio de esparcimiento público. La fiscalía sostiene además que existen conversaciones telefónicas, registros fílmicos y otros elementos que indicarían presuntos actos de comercialización.

Sin embargo, la defensa rechaza esa interpretación y sostiene que no existen pruebas suficientes para afirmar que Mariela se dedicara al narcomenudeo.

Según Carnevale, en la investigación no aparecen indicios de una estructura organizada de venta, como un stock relevante de droga, cantidades importantes de dinero, registros de clientes o un punto de expendio.

Además, durante el allanamiento realizado en su vivienda, la defensa asegura que no se encontraron estupefacientes ni elementos asociados a una actividad de comercialización.

Otro de los argumentos planteados es que Mariela cuenta con trámite y certificado REPROCANN desde 2023, el registro vinculado al uso de cannabis medicinal. El abogado también señala que su modo de vida se encuentra alejado de perfiles asociados al narcotráfico y considera que lo ocurrido en la plaza fue un intercambio entre personas conocidas.

La defensa también cuestiona la prisión preventiva. Señala que Mariela no posee antecedentes penales y sostiene que no hay elementos que permitan inferir un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Mientras espera una definición judicial, la mujer continúa detenida en la unidad penal de Saavedra. Según relató, el encierro le provocó ataques de pánico, pesadillas y otras consecuencias psicológicas, por lo que tuvo que comenzar un tratamiento con medicación para poder dormir.