La causa judicial contra Claudio Montiel, acusado de protagonizar un violento episodio en el shopping, entra en una nueva etapa tras su liberación bajo fianza.

El imputado recuperó la libertad hoy después de abonar una suma de 30 millones de pesos, una medida que no implica el cierre del proceso sino que le permitirá transitarlo fuera de prisión.

Su liberación está sujeta al cumplimiento de una serie de pautas impuestas por la justicia. Entre ellas, se espera que fije domicilio, no entorpezca la investigación y se presente cada vez que sea requerido por las autoridades.

En cuanto al expediente, la investigación penal continúa en curso. La fiscalía deberá seguir reuniendo pruebas, tomar declaraciones pendientes y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. En paralelo, la defensa del acusado podrá presentar planteos y pruebas que considere pertinentes.

Lo que queda determinar es la calificación legal del hecho y evaluar si la causa será elevada a juicio oral.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa,  el fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística. Se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja.

El cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, con una distribución más concentrada en consumos básicos que en gasto recreativo.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar.

Sin embargo, si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días (en 2024 no hubo fin de semana largo), el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros.

La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025 cuando el fin de semana tuvo un día más de feriado. A su vez, el gasto total real fue un 32,9% menor al del año pasado.

El gobierno nacional oficializó un cambio de fondo en la política sobre productos con nicotina: dejó atrás el esquema prohibitivo vigente durante más de diez años y avanzó con una regulación integral que habilita su comercialización bajo condiciones específicas.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta de distintas áreas del Ejecutivo, que autoriza la venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, siempre que estén debidamente registrados y cumplan con requisitos sanitarios.

Hasta ahora, estos productos se encontraban prohibidos o en un vacío legal, lo que derivó en una amplia circulación en el mercado informal. Según el gobierno, la decisión busca “ordenar el mercado” y permitir controles efectivos sobre su composición, distribución y comercialización.

Desde la administración nacional sostienen que la prohibición no logró frenar el consumo, sino que lo desplazó hacia circuitos ilegales sin trazabilidad ni regulación. En ese contexto, la nueva normativa apunta a establecer estándares de calidad, exigir registros obligatorios y garantizar la fiscalización estatal.

La resolución 549/2026 crea un marco regulatorio integral que incluye:

Registro obligatorio de fabricantes e importadores.

Control de la composición de los productos.

Trazabilidad en la cadena de comercialización.

Posibilidad de sanciones ante incumplimientos.

El cambio normativo se da en un contexto de creciente uso de estos productos, especialmente entre adolescentes.

Estudios indican que más de un tercio de los jóvenes entre 12 y 17 años ya probó cigarrillos electrónicos, mientras que también crece el uso de bolsitas de nicotina.

Especialistas advierten que la nicotina tiene un alto poder adictivo y puede afectar el desarrollo cerebral en edades tempranas, lo que mantiene el debate abierto sobre los riesgos sanitarios.

Con esta decisión, el gobierno modifica el enfoque que predominó en la última década y pasa de una lógica de prohibición a una de regulación y control. El objetivo oficial es reducir la informalidad, garantizar estándares sanitarios y captar un mercado que, hasta ahora, operaba en gran parte fuera de la ley.

Sin embargo, el impacto de la medida, tanto en términos de salud pública como en el consumo, seguirá siendo materia de debate entre especialistas, organizaciones sanitarias y la industria.