El subsecretario de Movilidad y Transporte, Fabián Lliteras, cuestionó con dureza a las empresas de colectivo San Gabriel y Rastreador Fournier.

Para el funcionario la decisión de achicar las frecuencias es “unilateral, salvaje y pone de rehenes a los usuarios y trabajadores”.

En ese marco, pidió “racionalidad” y advirtió que van a intimarlas para que retomen el servicio habitual.

Además, cuestionó al gobierno nacional por el retiro de los subsidios al transporte en el interior.

El sistema de transporte público de Bahía atraviesa una de sus situaciones más críticas de los últimos años.

La reducción de frecuencias, con servicios que empiezan 6:30 y finalizan 20:30, desató una ola de quejas de usuarios y expuso un conflicto de fondo entre empresas, el municipio y el gobierno nacional por el recorte de subsidios.

Los usuarios expresan su malestar por la disminución de recorridos y horarios, y cómo los perjudica para ir o volver se trabajar o estudiar, especialmente a los de localidades como White y Cerri, que los obliga a buscar alternativas más costosas o informales.

Desde el sector empresarial, puntualmente desde Rastreador Fournier, sostienen que el recorte de subsidios nacionales impactó de lleno en la estructura económica del sistema y que se volvió “inviable” sostener el servicio. Y que es la primera vez en 65 años que deben tomar la decisión de operar con frecuencias de sábado hasta tanto no aumente el boleto.

En cambio, en la vereda opuesta, hay dirigentes políticos que cuestionan esa decisión, considerando que perjudica directamente a los usuarios y presiona a las autoridades en medio del conflicto.

Desde el municipio, en tanto, el subsecretario de Movilidad y Transporte, Fabián Lliteras, cuestionó con dureza a las empresas y señaló que la medida es “unilateral, salvaje y pone de rehenes a los usuarios y trabajadores”.

En ese marco, pidió “racionalidad” y advirtió que van a intimarlas para que retomen el servicio habitual.

Además, cuestionó al gobierno nacional por el retiro de los subsidios al transporte en el interior.

Hoy la tarifa plana cuesta $ 1.545 pesos y el estudio de costos de las empresas determinó que debería subir a $ 2.700, un 80 % más.

La escalada del conflicto por los violentos episodios registrados en shopping durante el último Viernes Santo sumó un nuevo capítulo este lunes.

La CGT local armó una conferencia de prensa en la que exigió la liberación del dirigente Claudio Montiel y advirtió que no descarta convocar a movilizaciones.

Los principales referentes de la central obrera manifestaron su rechazo a la detención del secretario adjunto de Empleados de Comercio, a quien consideran víctima de una “persecución” contra la actividad sindical. En ese marco, exigieron que recupere la libertad y pueda retomar sus funciones dentro del gremio.

Desde la CGT señalaron además que analizan posibles medidas de acción directa en respuesta a lo que interpretan como una reacción “desmedida” de la Justicia. Aunque evitaron confirmar una convocatoria inmediata, no descartaron protestas en los próximos días.

Montiel está imputado por delitos graves como coacción agravada, daño y privación ilegal de la libertad, y la podrían caer hasta 8 años de cárcel.

Desde el movimiento obrero sostienen que la respuesta judicial es desproporcionada y forma parte de un intento de “disciplinamiento sindical”.