En Bahía se llevó a cabo una nueva marcha por el Día de la Mujer.

La concentración se convocó para a las 18 horas en la Plaza Rivadavia y posteriormente hubo movilización por el centro de la ciudad.

Participaron diversas organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones de mujeres y particulares, quienes reclamaron por la igualdad de derechos sociales y económicos y el fin de la violencia y los femicidios.

Según denunciaron en la previa, se vive en Argentina un contexto profundamente regresivo para las mujeres y diversidades.

Advierten que el gobierno nacional las declaró como enemigas y que se implementaron políticas que agreden los reclamos históricos del movimiento, empezando por el desmantelamiento de todas las políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia por razones de género, de políticas públicas que intentaban achicar brechas salariales.

También lo cuestionan por fomentar la autonomía económica, y la implementación de un “ajuste criminal que redunda en que muchas mujeres tengan que tomar muchos más trabajos o extender la jornada laboral”.

A su vez, además de agrupaciones también acudieron familiares de crímenes a mujeres para exigir avances a la Justicia, como los allegados a Myriam Velázquez y Mariana Bustos, madre e hija que fueron encontradas calcinadas en su casa en el barrio Thompson.

Hasta las 14:30 habían caído 5,8 milímetros de lluvia en Bahía Blanca.

El agua comenzó a media mañana y por momentos fue intensa.

Eso provocó que varias calles se inundaran por falta de escurrimiento, generando problemas en distintos barrios, en las casas y la circulación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se prolongaría hasta las 18 horas aproximadamente.

Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra demandaron civilmente al Estado y a la consejera escolar Fiorella Damiani.

Se trata de los dos jóvenes que habían sido acusados de abuso sexual por la mujer, que finalmente fue condenada por falso testimonio.

Más alla de la disconformidad por el fallo penal, por el cual Damiani no irá a la cárcel, Álvarez y Pereyra reclaman un indemnización que ronda los 40 millones de pesos.

El fundamento de esta presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo por parte del abogado querellante, Juan I. Vitalini, es que ambos permanecieron detenidos injustamente por 10 días en un calabozo de la DDI.

Según argumentan, la situación los perjudicó y además fueron expuestos públicamente.

La consejera escolar condenada por falso testimonio no irá a la cárcel