A días del brutal ataque a un coipo en nuestra ciudad, volvió a ponerse en agenda un proyecto de ley para proteger a los animales.

Se trata del proyecto Ley Sintientes, que fue presentado en el Congreso por la ONG del mismo nombre en 2023.

El objeto central de la propuesta es reconocer a los animales como sujetos de derechos no humanos. El artículo 1 de dicho proyecto, en su inciso A, pretende:

– Reconocer como sujetos de derecho a los animales que, por sus cualidades revisten la condición de sujetos de derechos sintientes no humanos.

Asignase la condición de animal “no humano”, a los fines que, como sujeto de derecho sintiente, se les reconoce por la presente ley, a aquellos animales que, por su
capacidad de destreza y/o su sensibilidad y/o su aptitud para el aprendizaje o bien por otras causas, demuestran contar con especiales capacidades cognitivas y/o sintientes que los distinguen de las restantes especies.

En la actualidad, los animales de todas las especies son considerados desde el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En este, no se distingue entre animales domésticos, de consumo o silvestres: todos están agrupados en la categoría de “bienes semovientes”, lo que significa que, en términos legales, son tratados como objetos dentro del régimen de propiedad.

La ley solo prevé sanciones penales a través de la Ley 14.346, que castiga actos de crueldad y maltrato, pero la protección depende del dueño o del Estado.

Un proyecto que avanza a paso lento

La propuesta, aunque fue presentada en 2023, recién en diciembre de 2025 avanzó legislativamente con la firma y apoyo transversal de diputados de casi todos los bloques.

El proyecto completo:

La UNS expresó su postura en relación al brutal ataque que terminó con la vida de un coipo el pasado sábado en nuestra ciudad.

Si bien en la sesión plenaria del Consejo Superior hubo un repudio al accionar de su estudiante Ian Santerre, que filmó los hechos, se sostuvo que no se puede privar de la educación pública a nadie:

“Entendemos y compartimos la indignación social, que es absolutamente legítima. Pero el fin último de la educación pública debe ser generar espacios de reflexión, reparación y cambio, y hacer los mayores esfuerzos para contribuir a la paz social”.

Cabe señalar que la UTN, donde estudia Juan Bautista Bravo, decidió suspenderlo preventivamente y pidió la realización de un juicio académico.

“Repudiamos toda forma de violencia y entendemos que nuestro rol es trabajar para erradicarla mediante las herramientas que nos son propias: la educación, la reeducación, la reflexión crítica y la construcción de valores compartidos”, indicaron desde la UNS.

Según el reglamento, la universidad no tiene facultades para imponer medidas disciplinarias por hechos que ocurran fuera del ámbito institucional.

Sin embargo, se agregó que “aún más allá de ese límite normativo, es pertinente fijar una postura institucional clara, con sentido pedagógico: incluso si existieran herramientas sancionatorias, como comunidad educativa confiamos plenamente en el funcionamiento de las instituciones y en el debido proceso, pilares esenciales de nuestra vida democrática”.

Para cerrar la reflexión, el rector Daniel Vega invitó a una reflexión como sociedad:
“quiero hacer un llamado a toda la comunidad universitaria a reflexionar colectivamente a partir de este hecho tan repudiable. Nos cabe la tarea de revisar nuestras conductas sociales e individuales y redoblar los esfuerzos institucionales para seguir construyendo una sociedad más justa, empática y respetuosa de la vida y del entorno que compartimos”.