El fin de semana pasado hubo un control de alcoholemia en Santa María, una localidad del partido de Coronel Suárez, a la salida de una jineteada. Lo realizó la Policía y se ajustó a la ley de Alcohol Cero, que está vigente en la provincia de Buenos Aires.

Después del operativo, el intendente del partido, Ricardo Moccero, se reunió con las instituciones y vecinos de Santa María tras las quejas de los mismos. En una entrevista en ese lugar,  criticó a los efectivos que participaron y pidió que fueran removidos. También dijo que los controles deberían hacerse más tarde y lanzó una frase que generó rechazo: “los gauchos no toman Coca Cola ni jugo de naranja”.

Ante esta situación, familiares de víctimas de siniestros viales que integran la fundación Estrellas Amarillas denunciaron públicamente al intendente. Consideran que su accionar fue un abuso de autoridad y una presión indebida sobre la Policía.

La denuncia fue enviada al subsecretario provincial de Fiscalización y Control Policial del Interior, Federico Montero, y está firmada por familiares de víctimas de distintos puntos del país. En el escrito expresaron su preocupación por lo ocurrido y defendieron el trabajo de los policías que, según remarcaron, actuaron cumpliendo la ley.

Desde la fundación señalaron que la ley de Alcohol Cero es clara y no admite excepciones, ni por horarios, ni por eventos, ni por costumbres locales. También cuestionaron las declaraciones del intendente, al entender que minimizan los riesgos del alcohol al volante.

Estrellas Amarillas pidió que se investigue lo ocurrido, que se garantice el respaldo a los efectivos que realizaron el control y que se ratifique la aplicación de la ley de Alcohol Cero sin condicionamientos políticos. La organización recordó que esta ley se sancionó para prevenir accidentes de tránsito y que, según datos oficiales, logró reducir en más de un 40% los casos positivos de alcoholemia.

Por su parte, Mossero brindó una entrevista al medio LANOTICIA1.COM en donde negó haber pedido la remoción de un oficial policial “por el control de alcoholemia” y aseguró que la controversia expuso apenas una parte del conflicto institucional, el cual ya está atravesado por denuncias informales, falta de coordinación y presuntos abusos de poder dentro de la fuerza policial local.