Esta mañana apareció un nuevo aviso de tiroteo en una escuela de Bahía.

Sucedió en La Salle, en calle España y Beruti, donde hubo que desarrollar un amplio operativo policial y en el que se encontró la nota en un baño y además una bala.

Esto generó conmoción, sobre todo en los alumnos. Según pudo saber Wips, algunos debieron ser tranquilizados y contenidos.

A partir de hecho, autoridades realizaron la denuncia formal en fiscalía.

Directivos se encuentran en estos momentos en fiscalía para hacer la denuncia correspondiente.

La Provincia viene trabajando y analizando los pasos a seguir respecto a estos mensajes, que se vienen repitiendo en distintos puntos del país.

El Frente Docente Universitario anunció una nueva medida de fuerza para la próxima semana.

El paro se va a desarrollar del 27 de abril al 2 de mayo, y va a afectar a la Universidad del Sur y sus escuelas dependientes.

Aduns confirmó su adhesión a la huelga promovida en conjunto por CONADU Histórica y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, salió al cruce de la CGT local y defendió su accionar en la causa por los disturbios ocurridos en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

Lo hizo vía redes sociales después de que ayer la central obrera cuestionara públicamente su intervención en los medios y denunciara un supuesto sesgo en la actuación judicial.

En verdad hay quien necesita una explicación de porqué me expresé públicamente en el caso de los hechos violentos en el BBPShopping y no en el caso del Sr. Ramiro Villalba?
Se necesita explicar o se necesita aprender?

— Juan Pablo Fernández (@jpfernandezbb) April 20, 2026

Según explicó, su decisión de pronunciarse públicamente respondió a la necesidad de marcar un límite ante hechos de violencia que, a su entender, podían interpretarse como tolerables. En ese sentido, lanzó una frase contundente: “la señal que se enviaba a la sociedad era que el Código Penal no regía” en ese tipo de situaciones.

Fernández sostuvo que la exposición mediática de los incidentes, sumada a la pasividad policial, podía generar un mensaje equivocado sobre los límites de la protesta sindical. Por eso, consideró necesario reafirmar públicamente la vigencia de las normas legales y su aplicación.

Además, rechazó las críticas por una supuesta selectividad en sus declaraciones (critican que no lo hizo en las amenazas a Ramiro Villalba) y aclaró que todos los delitos merecen el mismo repudio, aunque explicó que aquellos con alta visibilidad pública, especialmente cuando involucran a dirigentes sindicales, requieren una respuesta institucional más explícita.

Para la CGT, Fernández tuvo una “parcialidad subjetiva” y planteó que la fiscalía no debe emitir “señales políticas” hacia los sindicatos.

En ese marco, se supo que el Juzgado Nº 3, Alberto Manzi, rechazó el pedido de excarcelación de Claudio David Montiel, y continúa alojado en la comisaría Primera.

La CGT local exige la libertad de Montiel y amenaza con movilizarse