La Cámara de Casación dictó la absolución de Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio, condenados en el 2021 por asociación ilícita por haber sido parte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Bahía.

Ambos cumplían una pena de 10 años de cárcel bajo régimen domiciliario, y a partir de este fallo recuperaron su libertad.

Por esta causa, el asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, también fueron condenados los ya fallecidos Osvaldo Pallero y Raúl Roberto Aceituno, éste último a cadena perpetua.

En esta instancia, los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, consideraron que las pruebas aportadas no eran concluyentes para probar el delito, en tanto que Alejandro Slokar votó en disidencia.

Para los camaristas, el testimonio de distintos testigos que vieron a los imputados en distintos lugares y situaciones, portando armas, no fueron elementos suficientes.

Según informó la querella, la propia Fiscalía llevará su apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, los integrantes de la Mesa x el Juicio y Castigo, la agrupación H.I.J.O.S. y Red por la Identidad, emitieron un comunicado en repudio del “vergonzoso fallo de la Sala 2 de la Cámara de Casación”.

Para estas organizaciones, la sentencia “desvaloriza” las pruebas presentadas por la Fiscalía y los testimonios de los testigos, y es “arbitraria y absurda”.

Se considera que la Alianza Anticomunista Argentina, una fuerza paraestatal del gobierno de Isabel Perón y comandada por el entonces Ministro de Bienestar, José López Rega, instrumentó un programa de persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos.

Según la Fiscalía, los acusados integraban un grupo de choque conectado con una política estatal, que “determinó una particular forma de operar en el que ese carácter civil se vio diluido en la presencia del propio Estado, que colocó sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos, o la garantía de no interferencia y de impunidad”.

“Dicho plan abarcaba la aplicación de operaciones del Servicio de Inteligencias del Ejército (SIE) representado a nivel local por el Destacamento de Inteligencia 181 y las Policías Federal y Provincial, y en el plano paraestatal, el grupo operativo civil implantado en las organizaciones gremiales y en la Universidad Nacional del Sur”, se agregó.

Los hechos atribuidos a los condenados y los ilícitos cometidos, entre 1974 y 1975, se configuran como delitos contra la humanidad.