El Tribunal de Casación Penal bonaerense le redujo la pena al motociclista que causó la muerte de Walter Binaghi en Ingeniero White.

La justicia benefició a Héctor Seijas al bajarle la condena de 8 a 6 años de cárcel, generando un profundo malestar en la familia de la víctima, que expresó su enojo, frustración y desilusión con el accionar judicial.

El fallo reavivó el dolor de los allegados y abrió un fuerte cuestionamiento sobre los criterios utilizados por la Justicia.

La resolución también implicó un cambio en la calificación del hecho, que pasó de homicidio con dolo eventual a homicidio con culpa consciente, lo que derivó en una pena menor.

Lo que si se mantiene es la inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de 10 años.

El hecho se produjo el 14 de enero del año pasado en Juan B. Justo y Reconquista.

El imputado llegó a juicio cumpliendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, y va a continuar en las mismas condiciones hasta que la condena quede firme.

Seijas iba a bordo de una moto moto Honda modelo XR 150 y Binaghi circulaba en una Motomel.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave que provocó su fallecimiento el día 22 de enero, sumado a varias lesiones en el tronco, hombro derecho y contusión pulmonar.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para el miércoles por la tarde en nuestra ciudad.

Al igual que en casi toda la provincia, el área sería afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm.

También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El gobierno nacional oficializó un cambio de fondo en la política sobre productos con nicotina: dejó atrás el esquema prohibitivo vigente durante más de diez años y avanzó con una regulación integral que habilita su comercialización bajo condiciones específicas.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta de distintas áreas del Ejecutivo, que autoriza la venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, siempre que estén debidamente registrados y cumplan con requisitos sanitarios.

Hasta ahora, estos productos se encontraban prohibidos o en un vacío legal, lo que derivó en una amplia circulación en el mercado informal. Según el gobierno, la decisión busca “ordenar el mercado” y permitir controles efectivos sobre su composición, distribución y comercialización.

Desde la administración nacional sostienen que la prohibición no logró frenar el consumo, sino que lo desplazó hacia circuitos ilegales sin trazabilidad ni regulación. En ese contexto, la nueva normativa apunta a establecer estándares de calidad, exigir registros obligatorios y garantizar la fiscalización estatal.

La resolución 549/2026 crea un marco regulatorio integral que incluye:

Registro obligatorio de fabricantes e importadores.

Control de la composición de los productos.

Trazabilidad en la cadena de comercialización.

Posibilidad de sanciones ante incumplimientos.

El cambio normativo se da en un contexto de creciente uso de estos productos, especialmente entre adolescentes.

Estudios indican que más de un tercio de los jóvenes entre 12 y 17 años ya probó cigarrillos electrónicos, mientras que también crece el uso de bolsitas de nicotina.

Especialistas advierten que la nicotina tiene un alto poder adictivo y puede afectar el desarrollo cerebral en edades tempranas, lo que mantiene el debate abierto sobre los riesgos sanitarios.

Con esta decisión, el gobierno modifica el enfoque que predominó en la última década y pasa de una lógica de prohibición a una de regulación y control. El objetivo oficial es reducir la informalidad, garantizar estándares sanitarios y captar un mercado que, hasta ahora, operaba en gran parte fuera de la ley.

Sin embargo, el impacto de la medida, tanto en términos de salud pública como en el consumo, seguirá siendo materia de debate entre especialistas, organizaciones sanitarias y la industria.