Se dio a conocer un informe sobre las condiciones sociales de la población trans en Bahía.

El trabajo fue realizado en el 2017 como parte un proyecto impulsado por la dirección de Políticas de Género y que contó con el apoyo del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS.

Trabajaron en él Saira Millaqueo, de Ciudadanas Trans; Manuela Salas de la Universidad Nacional del Sur; y Paola Buedo del programa de Bioética, FLACSO.

Del relevamiento, concluyeron que los derechos de las personas encuestadas fueron vulnerados de “muchas maneras a lo largo de su trayectoria vital debido a su identidad de género”.

Para eso, tomaron en cuenta aspectos sociodemográficos, identitarios y accesibilidad de 45 personas, con una media de edad de 33,4 años.

“Se trata de una población joven en relación con la estructura social de la localidad. Casi la mitad de las personas expresó su identidad de género antes de cumplir los 18 años, aunque ya percibían desde los 16 que su género era diferente del socialmente asignado. Y el 60 % lo sabía a los 5 años o antes. Es decir, la autopercepción de género es muy anterior a su expresión pública”, reflexionan las autoras.

Poco más de la mitad (56 %) pudo terminar la escuela secundaria, y ese mismo porcentaje en aquel momento no tenía pareja ni trabajo en relación de dependencia (49 %). Incluso, solo un 5 % lo obtuvo después de asumir su identidad.

Un dato no menor es que la proporción en la que trabajan en condición de informalidad supera el promedio de la economía.

Respecto al lugar de origen, sólo un 4 % provenía de países vecinos como Chile y Paraguay, y las demás eran todas argentinas, y la mitad en Bahía. La otra, del noroeste, principalmente de Salta.

Acerca de su entorno familiar, la mayor parte de las personas encuestadas se fue a vivir fuera de su hogar familiar a temprana edad. El informe muestra que 3 de cada 4 dejó de vivir con su familia a los 18 años o antes y que más de la mitad lo hizo entre los 14 y 18 años, en plena adolescencia. No obstante, solo en el 7 % de los casos no tenía vínculo con la familia.

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Millaqueo, Salas y Buedo consideran fundamental reflexionar de qué manera se es parte del “sistemático proceso de exclusión de las personas trans” y trabajarlo para poder revertirlo, porque “podemos convertirnos en obstáculos para que otras personas accedan al cumplimiento de sus derechos desde roles formales como trabajadoras de salud, docentes y los mismos pares en las aulas”.

Las autoras sostienen que el Estado es el garante del derecho a la salud de todas las personas y es también es su responsabilidad lograr que esos efectores sean espacios no cisexistas, donde trabajadoras/es y usuarias/os/es no estén habilitados a ejercer actos de discriminación, porque de esta manera se facilitará el acceso de las personas trans a la salud, porque es lo que corresponde.

“Del mismo modo, deben pensarse las instituciones educativas, laborales. Es una obligación del Estado y de las personas que lo conformamos lograr instituciones accesibles e inclusivas. Es primordial incorporar la perspectiva de género y diversidad sexual en todos los niveles educativos, en la formación de profesionales y en los distintos ámbitos laborales, para la construcción de una sociedad más diversa y equitativa. Y por otro lado, en el ámbito académico queda el desafío no únicamente de incluir en la formación la diversidad sexo-genérica y las condiciones de vida de estos colectivos, sino de incluirlas verdaderamente. No solo como objeto de estudio sino como sujetos de conocimiento”, completaron.

El informe completo: