El informe anual del Comité Contra la Tortura, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, criticó con dureza las condiciones de detención en cárceles y comisarías de Bahía.

En mayo, confirmábamos que la población en la unidad de Villa Floresta estaba cerca de duplicar el espacio disponible y que había 976 internos para 550 plazas.

Esa situación genera hacinamiento y no colabora con la reinserción. En una década, se duplicó la tasa de encarcelamientos en nuestro departamento judicial, pasando de 111 cada 100 mil habitantes en el año 2.012, a 247 en este 2.022.

La población de la cárcel de Bahía está cerca de duplicar el espacio disponible

En el extenso trabajo presentado, se detallan distintas inspecciones realizadas, que dan muestra de las falencias del sistema.

El 23 de junio, y en materia de salud, “el personal manifestó que la capacidad de atención era menor a la de una unidad sanitaria de cualquier barrio por los escasos insumos y medicamentos disponibles”, y que el déficit se suplía con turnos extramuros en e Hospital Penna.

También, que se constataron malas condiciones materiales y de higiene en celdas y pabellones, falta de mobiliario específico, de ropa de cama adecuada e insumos de limpieza, lo que constituye “un régimen de vida restrictivo que vulnera derechos” y “un marcado nivel de desatención del personal de salud”.

“Al momento de la inspección, el lugar estaba en mal estado de mantenimiento, la estructura edilicia visiblemente deteriorada, con parte de las paredes descascaradas y humedad. Se observó que en algunos lugares faltaban paneles del cielorraso e incluso una de las personas entrevistadas indicó que parte de dicha estructura se había desprendido y caído en forma repentina el día previo”, añadieron.

Por otro lado, en el sector femenino, las internas refirieron no poder realizarse controles ginecológicos, ya que no había personal especializado en la unidad y tampoco eran llevadas al hospital. Esa situación “a algunas les generaba mayor preocupación porque padecían, por ejemplo, fibromas, hemorragias abundantes durante la menstruación o un DIU sin controles”.

Se recuerda también que en julio del 2021, se promovió acción colectiva de hábeas corpus en la cárcel de Villa Floresta por problemas relacionados a la sanidad.

La sentencia exigía crear un sistema que permita rápidamente establecer si existían demandas médicas, odontológicas o farmacológicas de internos no abastecidas; si la dotación de profesionales o sus prestaciones eran insuficientes o ineficientes; se asegure una atención ginecológica permanente; presencia de enfermeros; y la conformación de un registro de enfermos con tratamientos crónicos, entre otras acciones.

Sin embargo, en una nueva inspección “no sólo no se había cumplido con lo ordenado sino que incluso había desmejorado significativamente el estado de situación”.

Advierte por otro lado el informe que la DDI de Bahía no estaba habilitada para el alojamiento de detenidos cuando se produjo un incendio en el sector de calabozos que profundizó el precario estado general del lugar y el riesgo para las personas que se encontraban allí.

La dependencia no contaba con elementos para combatir el fuego ni plan de evacuación ni salidas de emergencia. Tampoco se le dio asistencia a dos personas con problemas de salud, uno de ellos con VIH sin tratar por esos días.

Por último, que en el Centro de Recepción, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, el baño está dentro de la celda y no hay puerta, aunque sí una pequeña pared que lo separa.

El sector de ducha carece de grifería por lo que el agua sale por un agujero en la pared. Hay también un inodoro de cemento en cada baño y un lavamanos.

En una de las celdas se puede ver cómo el agua de la ducha moja todo un sector exterior, y hay un fuerte olor a cloacas. Según las autoridades, “porque las letrinas no poseen sifón, por lo que los desechos caen directamente”.