El domingo 17 de abril se cumplieron 7 años de la aprobación de la ordenanza que prohibió los cabarets en Bahía Blanca.

La norma sancionada en el 2015, apuntó a  locales “que bajo cualquier forma o denominación, permitan a sus propietarios o administradores la obtención de un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento”.

Con el proyecto, que fue respaldado por unanimidad, la ciudad se sumó por aquel entonces a otros 19 municipios con la misma reglamentación.

La iniciativa fue impulsada por Miriam Iantosca de Integración Ciudadana, redactada por Raúl Woscoff de esa misma agrupación, y con un fuerte respaldo de Gisela Ghigliani, del Frente para la Victoria.

Precisamente ésta última, en aquel momento denunció amenazas y mensajes agresivos durante el proceso de elaboración.

Pasado el tiempo, desde Bahía Contra la Trata, su referente Franco Di Santi dialogó con Wips y consideró que el saldo es “muy positivo” y que se trató de “un hecho histórico que se confirma con el paso de los años”.

“No podía un municipio darle habilitación a un local donde se promovía la explotación de personas cuando se trata de un delito de lesa humanidad. Era una incongruencia que facilitara y allanara ese camino en favor de la vulneración de derechos fundamentales”, evaluó.

Para la organización, la ordenanza le tocó el bolsillo a ese tipo de delito organizado, emparentado también con el narcotráfico, restándole poder territorial y de diversificación.

“Se produjo una sinergia positiva, porque contribuyó a que la justicia iniciara sucesivos allanamientos. En Bahía estaba lleno de espacios abiertos y cerrados, y gradualmente se fue achicando esa cantidad”, celebró.

Di Santi destacó además la importancia del cambio cultural que fue dar una señal clara desde el estado de que “eso no se negocia ni se avala” y que produjo también “un cambio de accionar de la sociedad y una mirada diferente sobre el tema”.

Por su parte, Woscoff, uno de los autores, recordó que el texto fue consensuado, porque inicialmente no todos los concejales estaban convencidos.

“Miriam Iantosca venía haciendo un trabajo de campo importante en temas de trata, al principio casi en soledad. Y después en el bloque fuimos tomando el tema. Debimos encontrar la manera de conseguir el compromiso del oficialismo, porque la única convencida realmente era Gisela Ghigliani que trabajó muy bien”, explicó.

El ex concejal remarcó la necesidad de generar un cambio cultural y que el estado tenga “un rol activo y abandonara los viejos paradigmas”, en una sociedad que estaba evolucionando y esa temática “estaba quedando como una rémora”.

“La trata no era un tema de agenda como ahora, y afortunadamente se produjo una actitud muy activa del fiscal Del Cero, con quien logramos intercambiar ideas y conocer los escalofriantes números que facturaban quienes la llevaban a cabo. Por eso también se introdujeron cuestiones impositivas”, completó.

Si querés denunciar casos de trata, recibir asistencia o pedir información, podés hacerlo al 145, una línea de atención telefónica gratuita atendida por profesionales capacitados en la problemática.

Funciona las 24 horas durante todos los días del año bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Podés denunciar la desaparición de una persona, prostíbulos encubiertos y casos de reducción a servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares o en cualquier otro rubro.

“Difundir la línea 145 es fundamental para que la gente se involucre en la lucha contra la trata”