Ahora
Desde UOCRA aseguran que quienes tomaron la sede ni siquiera son afiliados
El interventor Carlos Boer cuestionó al grupo que irrumpió en el lugar y provocó destrozos y consideró que “fueron mandados por alguien”.
En la madrugada de hoy, un grupo de personas ingresó y tomó la sede local de la UOCRA, en disconformidad con la intervención de la entidad que ya lleva tres años.
Tras romper las puertas y dispararse las alarmas, una gran cantidad de patrulleros y efectivos policiales llegaron hasta el lugar, y pasadas las 10 de la mañana, lograron hacer deponer la actitud de siete individuos.
En diálogo con Wips Radio, el interventor del gremio, Carlos Boer, consideró que se trató de “un hecho vandálico” llevado a cabo por “sátrapas” de las cuales “ninguno es afiliado, no están en nuestros padrones y sólo uno fue congresal tiempo atrás de una conducción anterior”.
“Esta gente fue mandada, porque ningún trabajador real haría esto. Evidentemente les han pagado para intentar un derramamiento de sangre de ser posible, incluso una de ellas estaba armada”, cuestionó el directivo, quien estimó que el trabajo que está realizando “sabemos que molesta y por eso redoblaremos la apuesta”.
Según De Boer, dentro de la estructura se está llevando a cabo un recambio generacional y de formas, que “la gente lo está empezando a ver” y destacó que quienes se encontraban fuera de la sede esta mañana “son los que defienden el proceso de normalización y han demostrado madurez en no reaccionar y esperar a la justicia”.
“Quizás en otro momento las cosas se hacían de otra manera”, alertó De Boer, quien dijo estar “triste y amargado”, porque “se metieron en nuestra casa, provocaron destrozos, robaron efectivo y lo más triste es que hasta se chuparon sidras, vinos y comieron las canastas que habíamos comprado para darle a los afiliados para las fiestas después de un año laboralmente muy duro”.
El sindicato se encuentra intervenido luego de que su anterior cúpula fuera detenida en su mayoría y a acusada de conformar una asociación ilícita para extorsionar a empresarios bahienses y de la zona.
Tras una denuncia pública de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal por la paralización de obras, la justicia actuó de oficio y recabó testimonios que sostenían que la dirigencia del gremio obligaba a empresarios y cuentapropistas a pagar salarios por encima de los acordados y contratar servicios de gastronomía y transporte a firmas vinculadas.
La cabeza visible del grupo era el entonces secretario general, Humberto Monteros, y están además imputados son José Burgos, Guillermo Molina, Roberto Ríos, Pablo David Gutiérrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Ariel Carrillo, Mario Matías González, Raúl Ernesto Erbin, Sergio Vásquez, Aníbal Alejandro Aranda, David Ezequiel Muñoz, Sebastián Octavio Canale y Walter Rafael Paiz.
Ahora
Advierten que en Bahía aún no hay colectas para Venezuela
La Sociedad Venezolana de Bahía Blanca informó por sus redes sociales que, por el momento, no cuentan con una ruta humanitaria segura para enviar donaciones a Venezuela.
La organización compartió un comunicado en donde agradeció a la comunidad por la solidaridad y disposición para ayudar a Venezuela, y aclaró que se encuentran trabajando para poder establecer un centro de acopio y conseguir una vía segura para las donaciones.
En ese sentido, confirmaron que, en cuanto tengan eso definido, darán a difundir la información.
El comunicado se da en el marco de algunas colectas falsas que estuvieron circulando en redes. En un momento inicial, el perfil de la asociación había compartido una historias en donde indicaban al Colegio La Piedad como punto de recolección de donaciones, pero después lo desestimaron.
Ahora
Investigan la participación de más personas en el caso de la nutria
Se van a peritar los teléfonos de los dos acusados.
La justicia investiga la participación de más personas en el caso de la nutria muerta a patadas.
La fiscalía quiere saber si además de Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo, hubo alguien más involucrado, ya que en el video se escucha una voz femenina.
Pese a que ambos jóvenes de Huanguelén se negaron a declarar, sí habilitaron las claves de sus teléfonos para ser peritados, instancia en la cual van a determinar la secuencia de los hechos, el grado de participación de cada uno y si hubo más gente involucrada.
Si bien ambos estudian y viven en Bahía Blanca, apenas conocido el caso partieron a su ciudad de origen, Huanguelén, lugar en el que permanecen y desde donde hicieron un Zoom con la fiscal Marina Lara.
En ese contexto, en conferencia de prensa secretario del Ministerio Público Fiscal, Santiago Garrido, explicó que en el celular también buscan “mensajes que puedan haber existido entre alguno de los autores y terceras personas que se contactaron con posterioridad al hecho a los fines de hacer desaparecer el cadáver, que hubiera sido un elemento importante para nosotros al momento de poder imputar el hecho, porque hubiera permitido hacer una necropsia”.
Además, el funcionario declaró que, de todos modos, “los testimonios más relevantes son los de dos chicas que venían caminando sobre el 12 de Octubre, en sentido contrario a donde estaban estos chicos que venían circulando en 12 de Octubre para Paraguay. Ellas fueron las que advirtieron la secuencia completa”.
Cabe señalar que también se estudian amenazas a los dos involucrados, en sus propios teléfonos.
Ahora
La Corte ordena al gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional debe cumplir con la ley, sin más postergaciones.
La Corte Suprema de Justifica ratificó la cláusula que obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilataciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
A partir de esta resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023.
El reclamo de la comunidad universitaria era no un aumento del presupuesto sino la recomposición si este, para revertir el deterioro que hubo durante estos años.
En los salarios, la medida implica que se salde el desfasaje salarial, que alcanza aproximadamente el 30%.
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