La justicia investiga la participación de más personas en el caso de la nutria muerta a patadas.

La fiscalía quiere saber si además de Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo, hubo alguien más involucrado, ya que en el video se escucha una voz femenina.

Pese a que ambos jóvenes de Huanguelén se negaron a declarar, sí habilitaron las claves de sus teléfonos para ser peritados, instancia en la cual van a determinar la secuencia de los hechos, el grado de participación de cada uno y si hubo más gente involucrada.

Si bien ambos estudian y viven en Bahía Blanca, apenas conocido el caso partieron a su ciudad de origen, Huanguelén, lugar en el que permanecen y desde donde hicieron un Zoom con la fiscal Marina Lara.

En ese contexto, en conferencia de prensa secretario del Ministerio Público Fiscal, Santiago Garrido, explicó que en el celular también buscan “mensajes que puedan haber existido entre alguno de los autores y terceras personas que se contactaron con posterioridad al hecho a los fines de hacer desaparecer el cadáver, que hubiera sido un elemento importante para nosotros al momento de poder imputar el hecho, porque hubiera permitido hacer una necropsia”. 

Además, el funcionario declaró que, de todos modos, “los testimonios más relevantes son los de dos chicas que venían caminando sobre el 12 de Octubre, en sentido contrario a donde estaban estos chicos que venían circulando en 12 de Octubre para Paraguay. Ellas fueron las que advirtieron la secuencia completa”.

Cabe señalar que también se estudian amenazas a los dos involucrados, en sus propios teléfonos.

Los dos jóvenes acusados de matar a una nutria a patadas, se negaron a declarar ante la justicia.

Tanto Imanol Santerre como Juan Bautista Bravo hicieron uso de ese derecho por recomendación de sus defensas.

La audiencia con la fiscal Marina Lara fue por video videollamada ya que conocidos los hechos, ambos retornaron a Huanguelén, su ciudad de origen.

En ese marco, sí aportaron los patrones de sus teléfonos celulares para ser peritados.

La Corte Suprema de Justifica ratificó la cláusula que obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilataciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

A partir de esta resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023.

El reclamo de la comunidad universitaria era no un aumento del presupuesto sino la recomposición si este, para revertir el deterioro que hubo durante estos años.

En los salarios, la medida implica que se salde el desfasaje salarial, que alcanza aproximadamente el 30%.