Una masiva marcha se llevó a cabo hoy en Bahía Blanca, en respaldo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que el gobierno nacional envió al Congreso.

La concentración que comenzó en la Plaza Rivadavia tuvo como principales puntos de paso la Catedral y el palacio municipal. Fueron parte distintas organizaciones sociales, colectivos feministas, y particulares.

Presente allí, la médica y referente de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Belén Ferro Moreno, defendió la iniciativa al sostener que pese a la ilegalidad que la práctica todavía supone, en la ciudad “los abortos se siguen practicando”.

“Las interrupciones continúan y lo que estamos debatiendo si eso va a ser dentro del sistema de salud, o en la clandestinidad”, agregó la también docente de la UNS.

En ese contexto, informó que reciben un promedio de 23 casos por mes y que se está otorgando la droga misoprostol, que brinda el Ministerio de la Salud de la Provincia.

El proyecto enviado a Diputados sostiene que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive. Y que fuera del plazo dispuesto, tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo sólo en las siguientes situaciones:

1. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida.

2. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El documento refiere también a la Objeción de Conciencia, que establece que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Y que a los fines del ejercicio de ésta, deberá:

1. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

2. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

4. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

Datos del Ministerio de Salud de la Nación del 2016, reportaron 39.025 egresos hospitalarios por abortos, aunque no se diferencian entre los inducidos y los espontáneos.