En medio del aumento de precios de los alimentos, comenzó a detectarse la venta de los llamados “huevos cachados”, una alternativa más económica que genera preocupación entre especialistas por sus posibles consecuencias sanitarias.

Se trata de huevos que presentan fisuras, golpes o roturas en la cáscara, y que son comercializados a menor precio en ferias o circuitos informales. Aunque a simple vista pueden parecer aptos para el consumo, expertos advierten que implican un riesgo significativo.

El principal problema de estos productos es la pérdida de la protección natural que brinda la cáscara. Cuando un huevo está dañado, se facilita el ingreso de bacterias como la salmonella, una de las principales causas de intoxicaciones alimentarias.

La cáscara actúa como una barrera frente a microorganismos, pero al estar rota o fisurada, esa defensa desaparece y el interior del huevo queda expuesto a contaminantes externos.

Otro aspecto crítico es que estos huevos suelen comercializarse fuera de los canales formales, sin controles sanitarios ni garantías de origen. En operativos recientes, organismos como el Senasa ya habían advertido sobre el riesgo de consumir huevos sin trazabilidad ni condiciones adecuadas de transporte.

Esto implica que no se puede asegurar su correcta conservación ni su estado real, lo que aumenta el peligro para el consumidor.

Frente a esta situación, los expertos aconsejan:

Evitar comprar huevos con grietas o roturas visibles

Priorizar productos en envases cerrados y con información de origen

Mantenerlos refrigerados y en buenas condiciones de higiene

Descartar cualquier unidad que tenga olor extraño o aspecto dudoso

Si bien el menor precio puede resultar tentador, el consumo de huevos en mal estado o sin control sanitario puede derivar en cuadros de intoxicación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

La recomendación es clara: ante la duda, no consumirlos. Porque en este caso, lo barato puede terminar siendo un riesgo para la salud.

La Agencia de Recaudación de la Provincia recordó que existe un beneficio clave para jubilados y pensionados: la posibilidad de acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario, un alivio fiscal que alcanza a miles de contribuyentes en territorio bonaerense.

El organismo informó que el trámite puede realizarse de manera online, a través de su sitio web oficial, o de forma presencial en los centros de atención.

Para iniciarlo, es necesario contar con la Clave de Identificación Tributaria (CIT) y completar la solicitud correspondiente dentro del sistema de exenciones.

Desde ARBA remarcan que el proceso no es automático: quienes cumplan con las condiciones deben gestionarlo expresamente para acceder al beneficio.

La exención está destinada a jubilados y pensionados que cumplan con una serie de condiciones socioeconómicas. Entre los principales requisitos se destacan:

Ser jubilado o pensionado.

Ser titular, usufructuario o poseedor de un único inmueble destinado a vivienda familiar.

Que los ingresos del grupo familiar provengan exclusivamente de haberes previsionales.

No superar el tope de ingresos mensuales fijado por la Ley Impositiva (equivalente a aproximadamente dos haberes mínimos).

Que la valuación fiscal del inmueble no exceda el monto establecido por la normativa vigente.

Además, el inmueble debe estar correctamente vinculado al solicitante en los registros fiscales.

Para completar el trámite, ARBA solicita presentar:

Documento de identidad.

Recibos de haberes jubilatorios o de pensión.

Documentación que acredite la titularidad o posesión del inmueble.

Formularios de solicitud generados por el sistema.

La causa judicial contra Claudio Montiel, acusado de protagonizar un violento episodio en el shopping, entra en una nueva etapa tras su liberación bajo fianza.

El imputado recuperó la libertad hoy después de abonar una suma de 30 millones de pesos, una medida que no implica el cierre del proceso sino que le permitirá transitarlo fuera de prisión.

Su liberación está sujeta al cumplimiento de una serie de pautas impuestas por la justicia. Entre ellas, se espera que fije domicilio, no entorpezca la investigación y se presente cada vez que sea requerido por las autoridades.

En cuanto al expediente, la investigación penal continúa en curso. La fiscalía deberá seguir reuniendo pruebas, tomar declaraciones pendientes y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. En paralelo, la defensa del acusado podrá presentar planteos y pruebas que considere pertinentes.

Lo que queda determinar es la calificación legal del hecho y evaluar si la causa será elevada a juicio oral.