Mañana jueves el intendente Federico Susbielles comenzará una licencia por una semana.

Durante ese período, su lugar lo va a ocupar Álvaro Díaz, concejal de Unión por la Patria y jefe del bloque.

Nacido el 7 de mayo de 1990, tiene 36 años y es abogado. Fue empleado y titular del Pami local entre 2021 y 2023.

Ese año encabezó la lista que llevaba a Susbielles como candidato, y como primer edil, tendrá la responsabilidad de asumir el interinato.

Los piojos son una lucha constante para los padres con chicos en la escuela.

Estos insectos viven como parásitos en el cabello de las personas, se alimentan de sangre humana para sobrevivir y se reproducen muy fácilmente.

Si bien no representan una problemática nueva, todavía persisten algunos mitos sobre ellos.

Mañana jueves, organizaciones sociales, comunitarias y sindicales van a realizar una movilización y banderazo en rechazo al proyecto de venta de tierras y contra la extranjerización de los recursos.

Será a las 17 horas en la Plaza Rivadavia y en simultáneo con otros lugares del país.

Ayer, el oficialismo hizo una modificación del proyecto original para conseguir aliados, y puso um 25 % como tope de compra por provincia a capitales extranjeros.

En ese marco, el Consejo de Participación Indígena expresó su “absoluto rechazo” al proyecto.

La organización, a la cual pertenece la referente local Olga Curipan, considera que la iniciativa representa un retroceso para los derechos territoriales de los pueblos originarios y favorece la extranjerización de tierras en la Argentina.

A través de un comunicado, sostuvieron que la propuesta legislativa afecta derechos colectivos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales vigentes.

También cuestionaron que el proyecto haya sido presentado sin una instancia de consulta previa con las comunidades indígenas.

El CPI recordó que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, así como su participación en la gestión de los recursos naturales. En ese sentido, afirman que la protección de la propiedad privada no puede desconocer otros derechos con jerarquía constitucional.

El documento remarca que, para los pueblos originarios, el territorio trasciende el aspecto económico, ya que constituye el espacio donde se desarrollan su identidad cultural, espiritualidad, organización comunitaria y vínculo histórico con la naturaleza.

Además, el Consejo advirtió que la iniciativa podría profundizar conflictos territoriales ya existentes y reclamó que se garantice el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación del Estado de realizar consultas previas, libres e informadas ante medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.

Como parte de sus pedidos al Senado, el CPI solicitó el rechazo del proyecto, el respeto de los derechos territoriales reconocidos constitucionalmente y la plena aplicación de los mecanismos de participación y consentimiento indígena.

En el tramo final del comunicado, la organización recordó que ya en 2010 había advertido sobre la necesidad de proteger las tierras nacionales y los recursos estratégicos frente a la venta de grandes extensiones a particulares nacionales y extranjeros.

Según expresaron, la iniciativa actualmente en debate “propicia la venta ilimitada de tierras y la extranjerización del territorio nacional”, por lo que reafirmó su decisión de defender los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas.