Finalmente, Tucumán también adhirió a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y sensibilización para funcionarios públicos en cualquiera de los tres poderes del Estado.

Con 39 votos a favor y 8 en contra, la legislatura respaldó la norma, siendo la última provincia que restaba adherir en todo el país.

Sancionada por el Congreso en 2018, que lleva el nombre de Micaela García, la joven que en 2016 fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos.

De todas maneras, cuenta una modificación respecto a la ley original, y es que los encargados de la aplicación y control serán los titulares de cada poder y no el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Marieta Urueña Rosso, trabajadora del judicial tucumana y referente del movimiento Ni Una Menos, celebró la sanción y señaló que su provincia “tiene una larga tradición en el pensamiento retrógrado de sus autoridades. Basta con ver que tenemos un retraso de 18 años en adherir a la norma nacional que garantiza la salud sexual y reproductiva y todavía no hay voluntad política para hacerlo”.

Incluso, Ricardo Bussi, hijo del genocida Domingo Bussi, había impulsado un proyecto que se oponía a la adhesión.

“No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer”, dijo el legislador, quien consideró que la ley “está abordada desde un punto de vista feminista. Nosotros queremos que sea una ley séptica, que se trate la violencia sin ninguna ideología por detrás”.

La ley Micaela apunta a que a través de la implementación de procesos de formación integral, se aporten herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.