Ahora
Acuerdo salarial entre universidades nacionales y el gobierno
Es por salarios y becas. La discusión por la
aplicación de la ley sigue en la justicia.
Tras meses de conflicto por el financiamiento de las universidades, el gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional avanzaron en un acuerdo salarial y presupuestario que busca descomprimir la tensión en el sistema de educación superior.
Sin embargo, los rectores ratificaron que mantendrán la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo futuro depende de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta acordada contempla una recomposición salarial del 24,33 % para docentes y no docentes universitarios, distribuida en dos tramos: un incremento del 21,33 % a partir de junio y otro 3 % en octubre.
Además, el entendimiento incluye el compromiso oficial de evitar que los salarios continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante el resto de 2026.
El acuerdo también prevé un aumento del 50 % en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios y fondos adicionales para atender la situación de los colegios preuniversitarios, donde los docentes sufrieron un fuerte deterioro salarial tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Pese al acercamiento con el Ejecutivo, las autoridades universitarias dejaron en claro que no retirarán la demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque actualmente se encuentra suspendida por un recurso extraordinario impulsado por el Gobierno. La resolución definitiva quedó en manos del máximo tribunal, sin un plazo establecido para pronunciarse.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley aprobada por el Congreso presenta irregularidades porque no especifica la fuente de financiamiento de los recursos comprometidos. En contraste, los rectores consideran que el reclamo judicial es indispensable para garantizar la sustentabilidad del sistema universitario público y asegurar el cumplimiento de una norma que fue sancionada por el Poder Legislativo.
De esta manera, aunque el acuerdo representa un avance significativo en la negociación salarial y presupuestaria, el conflicto por el financiamiento universitario sigue abierto y tendrá un capítulo decisivo cuando la Corte Suprema se expida sobre la validez y aplicación de la ley cuestionada.
Hoy es la segunda jornada de un feriado doble, el jueves por el Día de la Independencia y hoy con fines turísticos.
Para el próximo no habrá que esperar demasiado, ya que es el mes próximo.
Agosto tendrá un fin de semana largo, ya que el lunes 17 se va a conmemorar el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
Proyectando lo que viene, en septiembre no habrá ninguno, aunque el viernes 11 y el lunes 21 no habrá clases por los días del Maestro y el Estudiante.
Ya en octubre sí, se viene otro fin de semana largo: el lunes 12, Día del Respecto a la Diversidad Cultural.
En noviembre, otro: Día de la Soberanía Nacional el lunes 23. Y en diciembre, también, y por duplicado: lunes 7 puentes y martes 8 Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25 Navidad.
Ahora
Elevan a juicio oral la causa por el derrumbe en Bahiense del Norte
El derrumbe dejó como saldo 13 personas fallecidas y otras tantas discapacitadas.
Irá a juicio oral la causa por el derrumbe en Bahiense del Norte que dejó como saldo 13 personas fallecidas y otras tantas discapacitadas.
Esto sucedió el 16 de diciembre del 2023 y las víctimas fatales fueron Juliana Barquero, Adriana María Contento, Norma Gladys Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Luis Dúo, Diego Carrasco, Luis Pérez, Juana Graciela Danszyt, Rosa Figueroa, Bryan Ortega, Diego Cassati, Rubén Baldi y Benicio Baldi.
Así lo resolvió la justicia de Garantías, en contra del presidente del club, Leandro Ginòbili; del ingeniero Pablo Ascolani; y de la ex jefa de Habilitaciones del municipio, Laura Soberón.
Ginóbili, está imputado del delito de estrago culposo agravado por la muerte,y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.
Para el fiscal Cristian Aguilar, el dirigente sabía que la entidad estaba funcionando sin habilitación, y pese a ser notificadas las autoridades para completar los requisitos y documentación, no lo hicieron y dejaron el trámite sin avances.
A su vez, pese al alerta naranja comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio, decidieron avanzar con el festival de patín programado para la jornada.
Ascolani, por su parte, por estrago culposo agravado por la muerte, además de lesiones leves y graves culposas, todo en un mismo hecho y agravado por la cantidad de víctimas.
La imputación se basa en que el ingeniero había presentado informes técnicos favorables sobre la estructura que luego se desmoronó.
Por último, Soberón, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal determinó que la funcionaria permitió la continuidad de diversas actividades masivas dentro de la entidad deportiva, pese a lo previsto en el Código de Habilitaciones donde se excluye expresamente a los clubes, de la permisibilidad de funcionamiento de las actividades, las que no deberán iniciarse ni ser libradas al público sus instalaciones, hasta que cuenten con la habilitación expresamente acordada.
Cabe recordar que además, hay una investigación paralela de esta causa, que involucra a los directivos del club y a peritos oficiales, y presuntos vínculos entre ellos.
Ahora
ADUNS cuestiona los cálculos del Gobierno para actualizar los salarios universitarios
Según el dirigente Zaninelli, se trata de errores matemáticos que reducirían el aumento salarial.
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) cuestionó la forma en que el Gobierno nacional calcula la actualización salarial prevista en el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). Según el dirigente Sergio Zaninelli, la nota enviada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al secretario de Educación, Carlos Torrendell, contiene errores que terminan reduciendo el aumento que deberían percibir docentes y nodocentes.
El análisis surge a partir de una nota oficial en la que Álvarez solicita un refuerzo presupuestario y explica cómo el Gobierno planea cumplir con la medida cautelar que mantiene vigente el artículo 5 de la ley.
Según Zaninelli, el principal problema es que el Gobierno toma como fecha de inicio de la actualización salarial junio de 2026, cuando la ley establece que debía comenzar a aplicarse desde noviembre de 2025, el mes siguiente a su promulgación.
Además, sostiene que la comparación entre inflación y salarios está hecha con períodos distintos. Mientras la inflación se calcula entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios se comparan hasta abril de 2026. Para ADUNS, esa diferencia reduce artificialmente la pérdida salarial y, por lo tanto, también el porcentaje de actualización.
De acuerdo con los números presentados por Álvarez, el incremento necesario sería del 23,02%. Sin embargo, Zaninelli afirma que, aplicando el artículo 5 tal como fue aprobado, el ajuste debería ser del 36,94%.
El dirigente también cuestiona que el Gobierno haya omitido una actualización correspondiente a mayo de 2026 y que haya trasladado esos mismos criterios de cálculo para los aumentos previstos entre junio y diciembre de este año.
Según el análisis de ADUNS, el mecanismo previsto por la ley contempla tres etapas: una recomposición inicial para recuperar la pérdida acumulada hasta agosto de 2025, actualizaciones mensuales para compensar el desfase entre inflación y salarios hasta mayo de 2026 y, desde junio en adelante, ajustes mensuales equivalentes a la inflación.
Por último, Zaninelli señaló que los aumentos acordados en la paritaria del 10 de junio deberían computarse como parte de esa actualización salarial, pero únicamente si antes se aplica correctamente el mecanismo previsto en el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario.
El análisis completo está en el perfil del sindicato:
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