Una familia bahiense compuesta por un matrimonio y dos hijos en edad escolar necesitó en mayo $ 1.717.986 para no quedar bajo la línea de pobreza.

Así lo indica el último relevamiento difundido por el CREEBBA en relación a la Canasta Básica Total, y significa un 2 % más que en el mes anterior.

En este rubro, acumula un 14,6 % en lo que va del año.

Por otro lado, para alcanzar la Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, esa composición debió reunir $ 718.822, un 0,7 % más respecto de abril.

La justicia está investigando a dos jóvenes que mataron al patadas a una nutria y lo filmaron todo.

Sucedió el sábado durante la madrugada y las imágenes se hicieron virales. De inmediato una agrupación proteccionista radicó una denuncia y luego el municipio se sumó como particular damnificado.

La acusación apunta a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años, de Huangelén y estudiantes de la UTN.

Según se explicó desde fiscalía, los grados de responsabilidad son distintos ya que uno fue el que mató al animal (Bravo) y el otro el que captó las imágenes (Santerre).

Ninguno tiene antecedentes, y por este tipo de delito, no habría detenciones ni condena de cumplimiento efectivo. La pena consistiría en tareas comunitarias, asistencia a charlas sobre protección animal y obligación de tratamiento psicológico.

En Argentina, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales.

La pena puede ser prisión de 15 días a 1 año.

Este jueves se van a peritar distintos teléfonos secuestrados en el marco de la causa Bahiense del Norte.

En la sede de la DDI se van a abrir los móviles cuyos propietarios dieron el patrón de ingreso, e incluye a ingenieros y testigos.

En tanto que otro de los dispositivos, cuyo dueño era dirigente del club y ex funcionario, y no dio su clave de acceso, será revisado en Mar del Plata.

Cabe recordar que hay dos líneas de investigación en esta causa. Una, el derrumbe que provocó la muerte de 13 personas y la discapacidad de por vida de otras.

Por esta, se pidió la elevación a juicio contra el presidente del club, Leandro Ginóbili, la jefa de Habilitaciones del municipio, María Laura Soberón, y el ingeniero Pablo Ascolani.

La otra es por los posibles delitos de encubrimiento y falso testimonio ya que detectaron conexiones entre dirigentes de la institución y un perito oficial.

A raíz del peritaje del teléfono de Ginóbili, el fiscal Christian Aguilar detectó posibles intentos de interferencias al encontrar comunicaciones entre los acusados, otros dirigentes (Darío Faure) y el perito (Enrique Gil).

El abogado Jorge Otharán, representante de cuatro de las víctimas, explicó que “la prueba que fue surgiendo de los teléfonos que se peritaron, más lo que se escuchó durante las declaraciones testimoniales, dan cuenta de la posible comisión de nuevos delitos que que merecen ser investigados”.

En ese sentido, puntualizó en que se encontró un mensaje del día 19 de diciembre, que surgió del celular de Ginóbili y que fue remitido por Faure, “en el que daría la impresión de que autoridades del club y el perito ingeniero civil Horacio Varela, se habrían reunido con Enrique Gil, que es uno de los peritos oficiales, a efectos de conversar con él para que incorpore a un nuevo peritaje la palabra ‘pero’, a efectos de minimizar las consecuencias”.

Para el representante legal, es un mensaje “bastante claro” en relación a que “habría habido una reunión entre Faure, Varela y Gil”.

“Da la impresión, por los mensajes y por la resolución que dictó Aguilar, que se debería investigar el delito de encubrimiento y falso testimonio. Pero eso no quiere decir que terminen imputados Enrique Gil, Horacio Varela, Darío Faure y Leandro Ginóbili”.