Interés general
Sigue el conflicto por dos templos de Bahía y Punta Alta, y el vicepresidente anticipó que van a marchar
Juan Carlos Rochón, vicepresidente de la sociedad espiritista Paz y Elevación, volvió a referirse públicamente al conflicto por el cierre de los templos la Hermana Teresa en Bahía Blanca y Punta Alta y aseguró que, ante la falta de respuestas judiciales, evalúan comenzar con marchas durante junio.
En un video que se está difundiendo, Rochón cuestionó el accionar judicial y sostuvo que más de mil fieles continúan sin poder asistir a los espacios religiosos.
“El oficial de justicia intervino por la fuerza, entró a los templos, nos cerró la reja y no nos dejaron entrar”, afirmó. También señaló que todavía no recibieron el inventario realizado durante el procedimiento judicial y denunció que las cámaras de seguridad y elementos religiosos fueron retirados o tapados.
Según explicó, la situación motivará nuevas medidas de protesta. “No nos queda otra cosa que salir a la calle”, dijo y adelantó que piensan realizar marchas pacíficas durante el mes de junio.
Además, defendió la situación legal de la organización y aseguró que la entidad “se siguió siempre” bajo la razón social “Sociedad Espiritual”, que —según indicó— figura registrada ante el Ministerio de Culto. “Es lamentable que gente se quede con propiedades que no les pertenecen”, expresó.
En otro tramo del mensaje, afirmó que junto a sus abogados evalúan continuar las presentaciones ante instancias judiciales superiores, incluso la Suprema Corte, luego de denunciar que no obtuvieron respuestas a los planteos realizados.
Mientras tanto, los templos continúan cerrados y el conflicto sigue sin resolución pública.
Ahora
Docentes denuncian una campaña “mediática judicial” por parte de padres de alumnos
Aduns cuestionó la denuncia presentada en la justicia por el no descuento de los días de paro.
Aduns, sindicato que nuclea a docentes de la Universidad del Sur, denunció una campaña “mediática judicial empedernida” por un grupo de padres de alumnos de las escuelas dependientes.
Según consideran, la presentación en la justicia “ataca a la legítima huelga docente universitaria y preuniversitaria que se desarrolla en todo el país en reclamo de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
“Esta campaña incluye una persecución y una disparatada denuncia penal contra la directora del CEMS, María José Egidi, a quien le transmitimos nuestra solidaridad, en torno al procedimiento administrativo de registro de inasistencias y su marco reglamentario. Denuncia que, según ellos, puede ampliarse a otras autoridades universitarias y preuniversitarias”, señaló la organización.
Qué dice la denuncia de los padres de alumnos de las escuelas de la UNS
En ese contexto, lamentan que los padres “no se expresen” sobre la situación de gravedad extrema e inédita que atraviesan las universidades y la relación directa de este desguace con la acción de un presidente de la Nación que no cumple con una ley y los fallos judiciales y con esas actitudes está cometiendo varios delitos. Delitos que este grupo no se atreve ni quiere denunciar”.
Aduns advierte que si la Ley de Financiamiento no se implementa, “la universidad que conocimos hace años, con sus docentes, no docentes y estudiantes, habrá desaparecido. Luchar juntos: docentes, no docentes, estudiantes y familias, tiene un profundo sentido educativo. El gobierno nacional es el único responsable y generador de este conflicto. No habrá normalidad educativa mientras no se aplique la ley”.
Ahora
Sebastián sigue sembrando ejemplos y cosechando títulos
En el 2023 conocimos la historia de Sebastián Dop, que pese a haber quedado ciego desde muy chico, ese no fue un impedimento para desarrollarse.
Nacido en Tres Arroyos, vive en Bahía desde el 2014 y hace tres años se recibió de Licenciado en Biología en la Universidad del Sur. Sin embargo, siguió estudiando, acaba de conseguir un nuevo título y también cursa el Doctorado.
El viernes pasado recibió su diploma como Profesor en Ciencias Biológicas con un promedio de 9.35.
Profesional, colaborador en el Centro Luis Braille y sin visión desde los 3 años, se convirtió en un ejemplo e historia de vida, salteando obstáculos y complicaciones.
Por eso, en este contexto, vale la pena recordar cuando lo convocamos y salimos a dar una vuelta en la que nos contó sobre su día a día, cómo es circular por Bahía, de qué manera podemos ayudar a las personas que no ven, y cuál es la mejor forma de integrarlos.
En la segunda, lo acompañamos en actividades habituales, como comprar en un kiosco, subir a un colectivo o sentarse en un café.
Además, nos contó sobre la importancia de ayudarlo para incluirlo sin invadirlo y cómo nombrar a la discapacidad, un tema que siempre genera dudas.
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Interés general
Por qué quieren modificar o eliminar la Ley de Etiquetado Frontal
Existe en el gobierno nacional la idea de derogar la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal.
Sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deben exhibir en su envase un rótulo, en forma de octógono negro, que advierta sobre la abundancia de estos componentes.
El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud.
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sean dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos, pese a seguir respetando los parámetros de la OPS, se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Ahora, hay un proyecto para avanzar con la derogación, con el argumento de que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes, que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos, genera una “distorsión de la información” para el consumidor.
Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85 %.
Los diputados que lo proponen consideran qu la Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde, ya que si todo tiene octógono negro, “el sello no significa nada”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distinto para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varían de país a país. Los sistemas más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
En resumen, consideran que esta norma aporta más confusión que claridad; que las industrias no tienen incentivos a reformular y mejorar porque es muy imposible sacarse el sello de encima; y que genera problemas para exportar.
Fuente: La Nación
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