Existe en el gobierno nacional la idea de derogar la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal.

Sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deben exhibir en su envase un rótulo, en forma de octógono negro, que advierta sobre la abundancia de estos componentes.

El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud.

Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sean dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.

En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios mediante dos disposiciones de la Anmat.

Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos, pese a seguir respetando los parámetros de la OPS, se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.

Ahora, hay un proyecto para avanzar con la derogación, con el argumento de que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes, que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos, genera una “distorsión de la información” para el consumidor.

Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85 %.

Los diputados que lo proponen consideran qu la Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde, ya que si todo tiene octógono negro, “el sello no significa nada”.

Otro de los problemas que advierten sobre la normativa es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distinto para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.

Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varían de país a país. Los sistemas más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.

Los diputados señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.

En resumen, consideran que esta norma aporta más confusión que claridad; que las industrias no tienen incentivos a reformular y mejorar porque es muy imposible sacarse el sello de encima; y que genera problemas para exportar.

Fuente: La Nación