Se presentó en el Congreso un proyecto para hacer cambios en la Ley Nacional de Salud Mental. Y la propuesta ya comenzó a tratarse en el Senado.

Marcela Arzuaga es una referente local en lo que respecta a salud mental, y tiene gran trayectoria en el área, por lo que le pedimos su opinión sobre las modificaciones que se quieren llevar adelante.

Licenciada en Trabajo Social (MP4466) enfatizó en que “no se trata de cambios accesorios, sino de transformaciones que afectan directamente el espíritu de la Ley”.

Según relata la doctorada en Salud Mental Comunitaria -UNLa-, la ley actual, vigente desde 2010, surgió como resultado de un proceso histórico y colectivo dentro del campo de la salud mental en Argentina.

El movimiento tiene sus inicios en la década del ’60 y, después de verse interrumpido por la dictadura, es retomado por distintas organizaciones e instituciones que se reorganizaron y trabajaron en conjunto para crear un marco normativo “que garantizara un abordaje de la salud mental basado en una perspectiva de derechos”.

En este sentido, continúa Arzuaga, “la ley se inscribe no solo en los principios de la Constitución Nacional, sino también en los compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos a través de tratados y convenciones internacionales”.

El proyecto de modificación actual alcanza aproximadamente 35 artículos sobre un total de 46 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, por lo que la especialista afirma que “estamos frente a un proyecto de transformación de carácter prácticamente integral”.

Cambios que modifican de raíz la ley

La ex asesora externa de la Organización Panamericana de la Salud nos compartió algunos de los artículos que considera más relevantes para pensar las intervenciones en salud mental, pero aclara que, obviamente, no son los únicos.

Uno de los que argumentos que la docente universitaria tiene para poder demostrar que los cambios que se proponen modificarían el espíritu de la ley es que el proyecto actual reforma el objeto de la ley, ya que no solo redefine su alcance, sino que introduce un gran cambio: “se reemplaza la noción de padecimiento mental por la de trastorno mental”.

Por más que se piense que sólo es un cambio de palabras que mucho no puede afectar, Arzuaga insiste en que “implica un corrimiento desde una perspectiva inclusiva, social y de derechos hacia una mirada más centrada en la clasificación diagnóstica”.

A su vez, advierte que en el artículo 2°, “la modificación es aún más significativa: se elimina la referencia a la Declaración de Caracas, que en la ley vigente forma parte de los instrumentos orientadores de política pública. Esta declaración no es un elemento menor, sino uno de los pilares del proceso de transformación de la atención en Salud Mental en América Latina, que promueve la desmanicomialización, la atención comunitaria y el respeto por los derechos humanos”.

Quitar esta referencia debilita el anclaje internacional y enfoque de derechos que la ley tiene. Además, modificar los criterios de internación involuntaria, reemplazando el requisito de “riesgo cierto e inminente” por “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, marca un corrimiento en la lógica de intervención, priorizando la anticipación clínica por sobre las garantías individuales.

Otro cambio que la ex jefa del Hospital de Día de Salud Mental del Penna marca como no deseado es la presencia obligatoria de un médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario. Para ella, esta decisión, en primer lugar, rompería “con el principio de equidad entre disciplinas que sostiene el enfoque interdisciplinario, otorgando una preeminencia explícita a la psiquiatría”. En segundo lugar, introduciría una restricción concreta al acceso a la atención: “en un sistema como el argentino donde la disponibilidad de profesionales de la psiquiatría es limitada, exigir su presencia como condición necesaria puede dificultar la conformación de equipos y, en consecuencia, el acceso efectivo a servicios de salud mental”.

Un cuarto punto fundamental que la especialista menciona es la eliminación “de la cooperación económica, financiera y técnica que debe realizar la Nación a las provincias a través de convenios. Esto hace que las provincias tengan que hacerse cargo en términos económicos de todo lo que signifique la implementación de la Ley cuando sabemos la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran”.

El rechazo la propuesta

Como síntesis, Marcela Arzuaga habla en nombre de un amplio colectivo de la salud mental y asegura que entienden el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 como un retroceso en el modelo de atención a las personas con padecimiento mental: “No se trata simplemente de introducir mejoras, sino de un cambio de paradigma que debilita el enfoque de derechos, la perspectiva comunitaria y el trabajo interdisciplinario que la ley vigente promueve”.

En ese sentido, su planteo no es solo de rechazo a la reforma, sino también de propuesta: consideran necesario la plena implementación de la ley actual.