El sistema universitario argentino atraviesa una de sus crisis más profundas en materia salarial.

Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los docentes y trabajadores de las instituciones públicas acumulan una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32 % desde la llegada al gobierno de Javier Milei, a fines de 2023.

El deterioro responde a una dinámica que se repite desde hace meses: los incrementos salariales otorgados quedaron muy por debajo del avance de la inflación.

De acuerdo con los relevamientos, mientras los sueldos registraron subas acumuladas en torno al 150 %-160 %, el costo de vida avanzó cerca del 280 % en el mismo período.

En términos concretos, esto implica que los ingresos de docentes, investigadores y personal no docente perdieron casi un tercio de su capacidad de compra, afectando no solo el nivel de vida de los trabajadores sino también el funcionamiento del sistema universitario.

Desde el CIN advierten que la situación ya tiene consecuencias visibles. Entre ellas, mencionan la creciente dificultad para sostener las plantillas docentes, la migración de profesionales hacia otros sectores mejor remunerados y el debilitamiento de las actividades de investigación.

“El atraso salarial pone en riesgo el normal desarrollo de las universidades públicas”, señalaron desde el organismo que nuclea a los rectores de todo el país.

El diagnóstico del CIN es respaldado por distintos estudios sindicales y académicos. Gremios docentes universitarios estiman una caída incluso mayor, que oscila entre el 34 % y el 36 %, mientras que algunos análisis más críticos ubican la pérdida por encima del 40 %.

Más allá de las diferencias metodológicas, todos los relevamientos coinciden en un punto central: el sector universitario figura entre los más golpeados por la pérdida de poder adquisitivo en el actual contexto económico.

La cuestión salarial se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el gobierno nacional y la comunidad universitaria. En los últimos meses se multiplicaron las medidas de fuerza, paros y jornadas de visibilización en distintas casas de estudio del país.

El reclamo apunta a la reapertura de paritarias y a la implementación de mecanismos de actualización que permitan recomponer los ingresos frente a la inflación.