El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 84/2026 luego de que un fallo judicial ordenara su aplicación inmediata. La normativa establece los lineamientos del nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad.

Habían intentado frenar la promulgación de la ley por falta de presupuesto, pero la Cámara de Diputados insistió para que se promulgue. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como plazo máximo el 4 de febrero para su implementación plena.

La reglamentación define los requisitos de acceso, los criterios de evaluación socioeconómica y las incompatibilidades del nuevo régimen. La implementación queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.

Qué implica la nueva ley para los beneficiarios

El Capítulo II de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad se centra en las pensiones no contributivas y en cómo se ordena el sistema mientras dura la emergencia.

En primer lugar, la ley aclara que las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por vejez siguen rigiéndose por el régimen ya existente, establecido en el Decreto 432/97. Es decir, no se modifican y continúan funcionando con las reglas actuales.

En cambio, la norma crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que se regirá por esta ley de emergencia y por su reglamentación específica. Sin embargo, varios de los puntos clave de ese nuevo régimen todavía no fueron reglamentados, por lo que su aplicación práctica queda pendiente de definiciones del Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, tiene la tarea de revisar cada pensión para verificar que las personas beneficiarias cumplan con los requisitos que estaban vigentes cuando se otorgó el beneficio. Si se detecta que algún requisito no se cumple, el organismo debe garantizar el derecho de defensa de la persona, darle intervención y permitirle presentar la información que considere necesaria.

La ley también establece que, hasta que se formalice la conversión de las pensiones al nuevo régimen, las personas seguirán cobrando el beneficio tal como lo venían percibiendo, sin interrupciones.

Por último, el capítulo asigna a la Secretaría Nacional de Discapacidad la responsabilidad de definir los criterios para la certificación de la discapacidad y para el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estas definiciones deberán hacerse con la participación del Consejo Federal de Discapacidad, que cumple un rol de articulación entre Nación, provincias, la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil.