La justicia dictaminó una condena de 6 años para Daniel Eduardo Umaño, exjefe del Cuartel Central de Bomberos de Bahía, por haber abusado sexualmente de una compañera de trabajo.

Según la causa, entre 2019 y 2021, Umaño aprovechó múltiples situaciones dentro del cuartel ubicado en Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer en contra de su voluntad, aprovechando él su posición jerárquica superior.

Es por eso que los jueces Hugo Adrián De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Julián Saldías declararon culpable al uniformado por el delito de abuso simple agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones (al menos 5 hechos).

Sin embargo, el jurado decidió que el acusado no va a ser detenido ni irá a la prisión. En su lugar, le impusieron una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima o mantener contacto por cualquier medio, la imposibilidad de salir de la provincia de Buenos Aires y la obligación de presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires elaboraron un mapa de la Argentina que detalla cómo está distribuida la ‘doble carga’ de la malnutrición en las más de 500 jurisdicciones, es decir, la conjugación de sobrepeso y retraso del crecimiento.

El trabajo, el primero en mostrar con nivel de detalle jurisdiccional la malnutrición en nuestro país, fue publicado en la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology.

Los departamentos con la mayor proporción de estos indicadores se ubican en el suroeste de la Patagonia y en la región Central y Norte del país.

“El objetivo de nuestro trabajo es identificar las inequidades territoriales en la doble carga de la malnutrición a nivel poblacional entre niños menores de cinco años cubiertos por el sistema público de salud, o sea, estamos hablando de la población más vulnerable”, explicó el investigador del CONICET Gerardo Cueto.

Cómo se construyó el mapa

El equipo utilizó datos antropométricos (peso y talla) de casi un millón de niños y niñas menores de cinco años que fueron atendidos en más de siete mil centros de salud del sistema público.

A través de modelos matemáticos diseñados específicamente construyeron, por un lado, un mapa del país con la distribución de niños con baja talla y, por otro lado, un mapa con la distribución de niños con sobrepeso.

Pero, según explicaron, el desafío era construir un modelo espacial con las dos variables juntas, por lo que utilizaron los denominados “modelos espaciales conjuntos”.

Como explican desde el equipo, estos son “una alternativa sólida para detectar patrones espaciales superpuestos que pueden reflejar determinantes sociales, ambientales o estructurales compartidos”.

Disparidades regionales

Con tonos de colores que van del beige claro al marrón, donde las áreas más oscuras representan mayor proporción de doble carga de malnutrición, en el mapa se ven claramente los contrastes entre regiones, con “manchas” de diferentes tonos distribuidas de manera muy variada a lo largo y a lo ancho del país.

Nuestros hallazgos son esenciales para identificar áreas de alto riesgo y orientar estrategias integradas para reducir las desigualdades tomando decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones y creencias”, agregó Cueto.

El caso de Bahía Blanca

Stunting (retraso del crecimiento): refiere a niños con baja talla para su edad, generalmente por desnutrición crónica o condiciones de vida deficientes.

La escala indica rango:

0,088–0,099 | entre 8.8 % y 9.9 % de los niños

Overweight (sobrepeso): muestra la proporción de niños con sobrepeso.

Rango:

0.123-0.129 | entre 12,3 % y 12,9 %

Doble carga de la malnutrición

Desde Exactas UBA expican que a comienzos del siglo XXI se acuñó el concepto de “doble carga de la malnutrición” para referirse a la coexistencia de la desnutrición (manifestada como bajo peso, retraso del crecimiento y/o déficit de nutrientes) con la obesidad o el sobrepeso, en una misma población, hogar o individuo.

Se trata de un fenómeno global creciente, especialmente en países de ingresos bajos y medios, que afecta el desarrollo físico y cognitivo de las personas.

Finalmente padres de alumnos de las escuelas de la Universidad del Sur presentaron una denuncia contra la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS), María José Egidi.

Se la acusa de presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, falsedad ideológica y defraudación a la administración pública.

En ese sentido, los denunciantes sostienen que existe una práctica institucional sostenida mediante la cual no se registran administrativamente las adhesiones docentes a los paros, pese a que las medidas de fuerza son conocidas y comunicadas oficialmente a las familias.

Según el escrito, durante el actual ciclo lectivo las escuelas dependientes fueron afectadas por reiterados paros y retenciones de tareas, y tras pedidos de acceso a la información pública realizados por las familias, la conducción respondió de manera considerada evasiva.

Posteriormente, un informe interno de la Dirección General de Personal reveló que el sistema SIU-Mapuche cuenta con una categoría específica denominada “Adhesión a paro”, pero en lo que va del 2026 no se cargó ningún registro bajo esa variable.

Los denunciantes afirman que esa omisión administrativa habría permitido que se confeccionaran registros y planillas que reflejaban una prestación normal de servicios docentes aún en jornadas afectadas por medidas de fuerza. Sostienen que eso derivó en el pago de haberes correspondientes a días sin actividad efectiva, generando un posible perjuicio económico para el Estado Nacional.

Además, plantean que se trataría de una práctica repetida durante años y no de hechos aislados.

La presentación solicita una investigación judicial con pericias contables e informáticas, declaraciones testimoniales y el secuestro urgente de registros y respaldos del sistema SIU-Mapuche para preservar pruebas.

También, analizar la eventual participación de otros funcionarios y deja planteada la posibilidad de ampliar las imputaciones a medida que avance la investigación.

Leonardo Valente, uno de los referentes de esta iniciativa, aclaró a Wips que no se oponen a la medida de fuerza sino a que no haya consecuencia económica por día no trabajado como sí lo hace la Provincia.

Según explicó, hicieron esta presentación ante la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior, María José Egidi y obtuvieron una respuesta con “evasivas” al igual que las distintas autoridades de la distintas escuelas dependientes de la UNS.