Hace unas semanas atrás, el primer condenado a cadena perpetua por un caso de grooming seguido de muerte, demostró las falencias de la Justicia y el Servicio Penitenciario.

Jonathan Luna, el asesino de Micaela Ortega, sigue teniendo celular, acceso a redes sociales y hasta se atrevió a comunicarse con la madre de la víctima.

El acceso a teléfonos está permitido en los penales de la Provincia desde el inicio de la pandemia. Como los internos no podían recibir visitas, se presentó un hábeas corpus al que se hizo lugar y se les dio esa posibilidad. Pero el tiempo pasó y ese beneficio no se quitó.

Sin embargo, los directores de cada unidad tienen facultades disciplinarias para quitarlos. Y la Justicia también. Incluso de instalar antenas para bloquearlos. Pero no lo están haciendo en este caso.

Esto invita a reflexionar una vez más de la importancia de acompañar a los chicos en su vida digital y hablar de los peligros.

 

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Hay que recordar que Mica, de 12 años, fue contactada por Facebook por Luna, que tenía 26 pero se hizo pasar por una nena de la misma edad. Y ese engaño terminó en crimen.

De ese dolor nació la Ley Mica Ortega, que busca prevenir el grooming, concientizar a familias y escuelas, y dar herramientas para denunciar.

El mes pasado, se conoció un relevamiento preocupante. Según datos de los programas PAR y Escuelas en Paz, el 60 % de los alumnos encuestados de escuelas secundarias de Bahía no sabe sobre la temática.

Incorporado como delito en el Código Penal en el 2013, la palabra deriva del verbo inglés groom, que se refiere a conductas de acercamiento o preparación para un fin determinado.

Es cuando un adulto intenta ganarse la confianza de una o un menor de edad para someterlo sexualmente, todo a través de la utilización de cualquier dispositivo tecnológico.

Conocido también como ciberacoso o acoso de menores por Internet, la ley establece la pena de prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, conectare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

En estos casos, es importante hacer la denuncia. En nuestro país existe la línea 137, y puntualmente en Bahía, para radicarla de manera presencial, se puede hacer en cualquier comisaría.

Incluso la Provincia ofrece también un mail del Ministerio Público Fiscal: denunciasbahí[email protected].