Se publicó por Boletín Oficial la promulgación de la nueva Ley de Glaciares, aprobada en el Congreso Nacional.

Según argumenta el gobierno, los cambios van a permitir “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

Con las modificaciones, aseguran, quieren “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”.

Sin embargo, organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió, y advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

Qué dice la Ley de Glaciares

La ley, sancionada en 2010, define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.

En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.

Cuántos glaciares hay en Argentina 

Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.

El documento es de 2018 y la primera actualización se presentó en 2024, pero solo con datos de la región Andes Desérticos (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan) y se espera que en el corto plazo se den a conocer los datos de la región Andes Central (sur de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén).

El inventario relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.

Estudios científicos registraron retrocesos en los glaciares en la última década, según datos del Ianigla de 2024. En el noroeste argentino, por ejemplo, se registró una reducción del 17% de hielo descubierto y una contracción del 23% en los manchones de nieve perenne.  El principal factor señalado por la comunidad científica es el cambio climático.

Por qué importan los glaciares

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce -apta para el consumo humano- más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país.

Un informe de las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands precisa que los glaciares actúan como “tanques de agua” naturales, almacenando agua en forma de hielo y liberándola gradualmente a lo largo del año, especialmente en períodos de sequía.

“Los glaciares cubren menos del 0,25% de la superficie continental de Argentina, pero el agua que proveen alimenta ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros, siendo claves para la conservación de la biodiversidad argentina. Esta dependencia se está volviendo más crítica aún en un contexto de mayores temperaturas y menores precipitaciones que ya están afectando a gran parte del país”, señaló Mariano González Roglich, director de WCS Argentina.

Qué cambia con reforma a la ley

Uno de los puntos claves de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente hasta ahora ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el proyecto aprobado por el Congreso acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.

La reforma propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.

Lo que dicen los expertos es que esto atenta contra el artículo 41 de la Constitución. Este artículo le da al Congreso la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos ambientales como es la Ley de Glaciares. Es decir, de fijar una protección mínima y nacional que las provincias no pueden achicar.

Con estos cambios, se revertiría la lógica de los presupuestos mínimos porque el piso lo fijarán las provincias en función de si consideran importante el aporte de agua dulce que hace ese glaciar a su territorio. Esto podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua.

Los defensores de modificar la ley sostienen que la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”, lo que habilita bloqueos a proyectos mineros aún en zonas donde no habría verdaderos recursos hídricos.

Fuente: Chequeado

La Asociación Bancaria comunicó que el lunes 27 de abril hará un paro de 24 horas que va a afectar la distribución de dinero en todo el territorio nacional.

Sin embargo, en Bahía la medida no afectará el normal funcionamiento de las entidades, debido a que ya se tomaron recaudos para disponer de recursos durante el día.

La decisión de la medida de fuerza se debe a que el Banco Central (BCRA) decidió cerrar 12 tesoros regionales que se encuentran en distintas provincias. Estas dependencias permiten almacenar, administrar y distribuir el dinero a distintas zonas geográficas. Con su cierre, se pondría en riesgo la estabilidad de 42 trabajadores.

Uno de los tesoros está ubicado en Bahía, y el cierre implicaría el despido de dos trabajadores.

La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, presentó el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental en el Congreso de Psiquiatría.

En primer lugar, la funcionaria señaló que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en el abordaje de trastornos severos. Según indicó, la normativa actual no puede garantizar tratamientos oportunos.

Además, González explicó que la propuesta se elaboró a partir de aportes de familiares, organizaciones, profesionales y autoridades de las 24 jurisdicciones. En ese marco, se relevaron dificultades en la implementación de la ley vigente en distintos territorios.

Entre los cambios principales, se plantea reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por un enfoque situacional que contemple antecedentes y posibles consecuencias ante la falta de tratamiento. También se propone reorganizar la red asistencial para incluir hospitales generales, especializados y otras instituciones, con el fin de ampliar la disponibilidad de atención.

Por otro lado, el proyecto suma una evaluación interdisciplinaria previa al alta en internaciones voluntarias, establece responsabilidades para familiares de pacientes que salen de los centros y prevé controles judiciales durante seis meses posteriores al alta.

En paralelo, el Ministerio de Salud inició reuniones con equipos técnicos provinciales para analizar la propuesta y recoger aportes. En esos encuentros se abordaron problemáticas como la falta de profesionales especializados, la sobrecarga de los equipos y la necesidad de capacitación.

El proyecto aún no está terminado, y no hay fecha para su presentación o puesta en vigencia.