Ahora
Taxis, remises y Uber, un debate local de posiciones antagónicas
Un proyecto que propone desregular el servicio de pasajeros y autorizar las aplicaciones genera tensión entre las partes.
Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Bahía propone desregular el servicio de taxis y remises y habilitar aplicaciones como Uber, para el transporte de pasajeros.
La iniciativa pretende que eliminar el sistema de legajos que otorga el municipio, que el Estado no determine el valor de las tarifas, y que de esa manera se genere una libre competencia.
La semana pasada, representantes de taxistas y remiseros fueron a un encuentro al organismo y tuvieron un tenso cruce con el edil que presentó la propuesta.
Según aseguran, autorizar el sistema de aplicaciones pone en peligro a unas 500 familias y además consideran que están en desventaja por los costos y requerimientos que necesitan para circular.
Cabe aclarar que en nuestra ciudad hay una ordenanza que se aprobó en diciembre del 2020 que establece que para transportar pasajeros únicamente pueden hacerlo vehículos con habilitación municipal, y en caso de incumplimiento, se imponen multas elevadas y el secuestro del vehículo.
Este lunes, el turno para pasar por el Concejo fue de los choferes de Uber, que si bien no están autorizados, existen.
Sus representantes coinciden en que pretenden ser reconocidos, y que además que son elegidos por los usuarios.
En ese marco, aseguraron que hay clientes que se quejan del servicio de taxis por los precios y maltratos, y además denunciaron aprietes y episodios de violencia por parte de estos.
Para que el proyecto avance, debe pasar por comisiones y contar con el acuerdo entre bloques para que sea tratado en el recinto.
La normativa actual abarca a taxi, remises, servicios ejecutivos, transporte escolar, servicios contratados en todas sus modalidades, transporte de personas con capacidades diferentes, transporte público y cualquier otro tipo de transporte privado de personas entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital y/o telefónica, y todo otro servicio o modalidad y/o medio de pago utilizado para la contratación.
Desde el área de legales de la aplicación, luego de la primera multa que recibió un conductor en la ciudad en febrero del 2021, la infracción fue en contra del Código Civil y Comercial ya que la ordenanza sancionada dos meses antes prohibía justamente lo que esa ley, superior, autoriza.
Así lo establecen los artículos 1280 y 1281, de contrato de transporte entre privados, por lo que se interpreta que la actividad resulta lícita y no puede ser sancionada.
Sostuvieron además que no existe en el municipio la posibilidad de obtener una habilitación para este tipo de transporte, ya que no hay regulación, como sí lo hace el mencionado Código. En cambio sí los taxis y remises.
“La falta de regulación no puede ser sinónimo de prohibición”, indicaron los abogados.
En consecuencia, argumentaron que también se estaría violando la Constitución Nacional ya que la prohibición de una actividad lícita afecta el derecho a trabajar y a ejercer toda industria o actividad lícita.
En junio, Julián Barcelona fue absuelto.
Ahora
Investigan la participación de más personas en el caso de la nutria
Se van a peritar los teléfonos de los dos acusados.
La justicia investiga la participación de más personas en el caso de la nutria muerta a patadas.
La fiscalía quiere saber si además de Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo, hubo alguien más involucrado, ya que en el video se escucha una voz femenina.
Pese a que ambos jóvenes de Huanguelén se negaron a declarar, sí habilitaron las claves de sus teléfonos para ser peritados, instancia en la cual van a determinar la secuencia de los hechos, el grado de participación de cada uno y si hubo más gente involucrada.
Si bien ambos estudian y viven en Bahía Blanca, apenas conocido el caso partieron a su ciudad de origen, Huanguelén, lugar en el que permanecen y desde donde hicieron un Zoom con la fiscal Marina Lara.
En ese contexto, en conferencia de prensa secretario del Ministerio Público Fiscal, Santiago Garrido, explicó que en el celular también buscan “mensajes que puedan haber existido entre alguno de los autores y terceras personas que se contactaron con posterioridad al hecho a los fines de hacer desaparecer el cadáver, que hubiera sido un elemento importante para nosotros al momento de poder imputar el hecho, porque hubiera permitido hacer una necropsia”.
Además, el funcionario declaró que, de todos modos, “los testimonios más relevantes son los de dos chicas que venían caminando sobre el 12 de Octubre, en sentido contrario a donde estaban estos chicos que venían circulando en 12 de Octubre para Paraguay. Ellas fueron las que advirtieron la secuencia completa”.
Cabe señalar que también se estudian amenazas a los dos involucrados, en sus propios teléfonos.
Ahora
Advierten que en Bahía aún no hay colectas para Venezuela
La Sociedad Venezolana de Bahía Blanca informó por sus redes sociales que, por el momento, no cuentan con una ruta humanitaria segura para enviar donaciones a Venezuela.
La organización compartió un comunicado en donde agradeció a la comunidad por la solidaridad y disposición para ayudar a Venezuela, y aclaró que se encuentran trabajando para poder establecer un centro de acopio y conseguir una vía segura para las donaciones.
En ese sentido, confirmaron que, en cuanto tengan eso definido, darán a difundir la información.
El comunicado se da en el marco de algunas colectas falsas que estuvieron circulando en redes. En un momento inicial, el perfil de la asociación había compartido una historias en donde indicaban al Colegio La Piedad como punto de recolección de donaciones, pero después lo desestimaron.
Ahora
La Corte ordena al gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional debe cumplir con la ley, sin más postergaciones.
La Corte Suprema de Justifica ratificó la cláusula que obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilataciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
A partir de esta resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023.
El reclamo de la comunidad universitaria era no un aumento del presupuesto sino la recomposición si este, para revertir el deterioro que hubo durante estos años.
En los salarios, la medida implica que se salde el desfasaje salarial, que alcanza aproximadamente el 30%.
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